La investigación del caso B410 destapó una red de 410 empresas que evadieron más de Q300 millones en impuestos, afectando la recaudación estatal y la inversión en servicios públicos esenciales. Autoridades y expertos coinciden en la necesidad de fortalecer la justicia fiscal mediante controles más estrictos, tecnología avanzada y reformas legales para evitar fraudes y garantizar recursos para la población.