El caso B410 fue una de las investigaciones más polémicas de 2024 en Guatemala. Reveló una red de 410 empresas que evadieron más de Q300 millones en impuestos entre 2021 y 2023. Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), estas compañías compartían representantes legales y, en su mayoría, fueron constituidas por el mismo notario. Además, muchas registraban domicilios fiscales falsos o ubicados en zonas rojas (barrios afectados por la violencia).

La investigación reveló que nueve de las empresas involucradas realizaron negocios directos con el Estado por más de Q81 millones. Otras 16 compañías compraron bienes o servicios por Q375 millones a la estructura B410 y, al mismo tiempo, vendieron servicios al Estado por más de Q4.342 millones. Además, dos empresas suministraron materiales y otros insumos por Q64,8 millones a cinco constructoras que también eran proveedoras del Estado.

El titular de la SAT, Werner Ovalle, informó que en octubre del año pasado se presentaron denuncias ante el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación. Como resultado, se solicitaron órdenes de captura contra varios implicados y se embargaron cuentas por más de Q106 millones y US$440.000.

En diciembre de 2024, la SAT ya había recuperado Q29,8 millones por medio de auditorías y rectificaciones fiscales a contribuyentes vinculados al caso. “Sin duda este caso ha sido calificado como el mayor fraude fiscal en la historia de Guatemala, lo que nos ha motivado a fortalecer los mecanismos de control y fiscalización tributaria. Esa estructura operaba en gran parte en la informalidad, usando direcciones inexistentes y documentos falsos para evadir impuestos”, dijo Ovalle.

Ovalle señaló que la SAT ha implementado diversas medidas para prevenir casos similares al B410. Entre ellas destacó el fortalecimiento de los procesos de fiscalización y auditoría, la realización de controles más exhaustivos y el uso de tecnología avanzada, como sistemas informáticos y bases de datos actualizadas que permiten monitorear transacciones económicas en tiempo real, facilitando así la detección de irregularidades y patrones sospechosos.

Además, se proponen reformas legales y administrativas para reducir la evasión fiscal. Entre estas, se incluye la masificación de la Factura Electrónica en Línea (FEL), una herramienta que permite un mayor control y trazabilidad de las transacciones comerciales. También, se busca la implementación de sistemas de retención de IVA, que automatiza la retención del impuesto en transacciones específicas.

Otra de las medidas es la contratación de auditores especializados. “Mi antecesor planteó la posibilidad de contratar cerca de 100 auditores para fortalecer las capacidades de fiscalización”, explicó Ovalle.

Ovalle reconoce que, para prevenir este tipo de casos, también se deben hacer mejoras en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). “Junto al Ministerio de Finanzas Públicas se han desarrollado herramientas para identificar anomalías en las adquisiciones públicas” agregó.

Aunado a ello, se prevé implementar la geolocalización para validar domicilios fiscales. Desde abril de 2025, la SAT comenzó a exigir la geolocalización de las ubicaciones fiscales de los contribuyentes. Esta medida busca verificar de manera precisa los domicilios fiscales y reducir la manipulación de direcciones, garantizando así la existencia física de los negocios.

Más defraudación, menos inversión

El director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Barrientos, calificó el caso B410 como una “red delictiva” que operaba mediante la emisión de facturas falsas para incrementar el crédito fiscal del IVA, disminuyendo así el débito fiscal, además de evadir impuestos.

Atribuyó el éxito de estas empresas fantasma en las compras estatales a las fallas en las auditorías internas de las municipalidades y la Contraloría General de Cuentas, así como a la debilidad de la legislación, que permite adquisiciones sin controles adecuados, lo cual incrementa el riesgo de fraudes similares.

“El caso B410 representa una evasión fiscal bastante significativa, con una tasa efectiva de tributación del 0.4%, muy por debajo de las tasas legales del IVA (12%) y del ISR (hasta 25%). Esto se traduce también en una debacle para la inversión del Estado en la población, pues no se cuentan con los recursos suficientes para llevar adelante una transformación integral del país”, afirmó Barrientos.

Barrientos mencionó que este tipo de evasiones fiscales se traducen en menores ingresos para el Estado, recursos que podrían destinarse a la mejora de hospitales o a la construcción de centros y puestos de salud en municipios con alta demanda de servicios. “Podrían invertirse en la construcción de escuelas, en la reparación de carreteras que tanto hacen falta, y ni qué decir de la erradicación de la desnutrición, pues hay varios programas que requieren fondos”, resaltó.

Claudia Lepe, representante del sector mujer ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), comentó que, de haberse recaudado ese impuesto, las municipalidades contarían con más recursos y se podrían haber planteado proyectos de gran escala para atender las necesidades de la población.

“Parte de esos fondos bien pudieron haberse utilizado en la Ciudad de la Mujer, que consiste en centros de cuidado para las víctimas de violencia contra la mujer. Se construyó una de las comisarías de la Policía Nacional Civil en Ciudad de Guatemala, la cual hasta la fecha no funciona por falta de recursos económicos”, agregó.

El caso B410 puso al descubierto fallas en los controles internos y en la supervisión de las adquisiciones estatales. Se subraya la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la fiscalización, mejorar la capacitación del personal y emplear tecnología avanzada para prevenir y detectar fraudes fiscales.

*nota desarrollada en el marco de la iniciativa «Cómo contar la desigualdad fiscal en Centroamérica», una propuesta de Oxfam y Otra Economía