¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral. El jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general con 135 votos afirmativos y 115 negativos. Si el cronograma legislativo avanza como se prevé, el texto podría convertirse en ley el viernes de la próxima semana. En esta edición repasamos de manera sencilla qué cambia concretamente en el régimen laboral argentino. Y tras una semana de conversaciones les traigo la mirada de referentes de la sociedad civil que nos ayudan a reflexionar.
El futuro del trabajo en debate: qué plantea la reforma laboral
Puntos claves:
- Indemnizaciones: Se excluyen del cálculo de la indemnización por despido el aguinaldo, las vacaciones, premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual. Esto reduce el monto final respecto del sistema vigente. Las condenas judiciales podrán abonarse en cuotas mensuales consecutivas (hasta seis pagos para grandes empresas y hasta 12 pagos para pymes), ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés del 3% anual.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se trata de un sistema obligatorio para financiar indemnizaciones. Se conformará con una contribución mensual del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas.
- Vacaciones: Con acuerdo entre trabajador y empleador, podrán dividirse en períodos no menores a 7 días y ser rotativas. El trabajador deberá tener al menos un período en verano (en coincidencia con las vacaciones escolares) cada tres años.
- Salarios: El salario podrá pagarse en pesos o en moneda extranjera. También se habilita una parte en especie. Se incorpora la figura del “salario dinámico”, que podrá acordarse por convenio colectivo, regional o por empresa, e incluso de manera unilateral por el empleador, como pago por mérito o productividad.
- Jornada laboral: Se podrá ampliar de 8 a 12 horas, siempre respetando 12 horas de descanso entre jornadas. Se establece un banco de horas, mediante el cual las horas extra podrán compensarse con días libres o con reducción de jornada en lugar de pagarse aparte. También se habilitan contratos por debajo de la jornada legal completa.
- Huelgas: En caso de huelga, deberá garantizarse al menos el 75% del servicio en las siguientes actividades: salud, agua, energía, gas, tráfico aéreo, telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros, migratorios y educación (excepto universidades). Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% del servicio. Las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización del empleador y no se devengará salario durante su realización. El bloqueo o la toma de empresas serán considerados infracciones graves.
- Período de prueba: Se mantiene sin cambios, salvo para el servicio doméstico (seis meses) y los trabajadores agrarios (ocho meses).
- Plataformas: Se denomina a los repartidores como prestadores independientes, sin relación de dependencia. Las empresas deberán contratar seguros de accidentes y brindar capacitación a esos trabajadores.
Otras perspectivas sobre la reforma laboral: cuidados, derechos y proceso democrático
Distintas organizaciones de la sociedad civil advierten que la discusión deja fuera dimensiones centrales del mundo del trabajo actual. Desde una perspectiva de género, constitucional y democrática, plantean que el proyecto no solo no resuelve los problemas estructurales del mercado laboral, sino que podría profundizar las desigualdades existentes.
Para la directora del Área de Políticas en ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Delfina Schenone Sienra, un problema de la reforma laboral es la organización social del cuidado. “Una reforma laboral era necesaria porque las formas de trabajar cambiaron”, señala Schenone Sienra. Sin embargo, advierte que el proyecto en debate “no mejora las condiciones de todas esas personas que están por fuera, que no las termina de incluir”.
Desde ELA sostienen que la ley laboral vigente fue pensada para un modelo de familia que ya no es predominante: un varón proveedor y una mujer dedicada al cuidado del hogar. “La ley laboral sigue pensando en esos términos”, afirma Schenone Sienra.
Hoy, explican, la mayoría de los hogares con dos adultos tiene doble proveedor y crece el pluriempleo. Entre 1980 y 2025, la participación laboral femenina pasó del 27% al 51,6% (INDEC, 2025). En 1986, el 65% de los hogares tenía un único proveedor varón; en 2024, el 56,8% cuenta con dos proveedores de ingresos (INDEC, 2024).
A la vez, persisten fuertes desigualdades en la distribución de las tareas de cuidado. Como consecuencia, muchas mujeres se retiran o quedan fuera del mercado laboral por la dificultad de compatibilizar empleo y cuidado. “Hoy hay 1.8 millones de mujeres están por fuera del mercado laboral justamente porque es muy difícil poder compatibilizar trabajo con cuidados”, sostiene.
Según ELA, la reforma no propone ninguna medida para esas mujeres. Tampoco actualiza el régimen de licencias, que continúa basado en el esquema de la década del 70. Se mantienen los 90 días de licencia por maternidad y solo 2 días por paternidad. No se contemplan adecuadamente adopciones, nacimientos prematuros o situaciones de discapacidad (más allá de un régimen específico para síndrome de Down), ni se incluyen a monotributistas o trabajadores autónomos.
ELA también remarca que muchos avances en materia de cuidados se dieron a través de convenios colectivos, hoy puestos en tensión. “La mayor parte de los avances que hemos tenido en las últimas décadas en relación a los cuidados ha ido de la mano de los convenios colectivos”, señala.
Frente a este escenario, recuerdan el proyecto “Cuidar en Igualdad”, que proponía ampliar y equiparar licencias, incorporar adopción y extender cobertura a trabajadores independientes mediante un esquema de ingresos durante el período de cuidado. Nada de eso está contemplado en la reforma actual.
“Hay una resistencia a pensar esa interconexión que hay entre trabajo y cuidados, que tiene efectos profundos económicos”, advierte Schenone Sienra. Y concluye: “No se está teniendo en cuenta la pérdida económica que implica tener a tantas personas por fuera, simplemente porque no pueden compatibilizar el cuidado con el trabajo”.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el análisis se centra en tres ejes: el procedimiento democrático de debate, el derecho de huelga y el acceso a la justicia laboral. Eduardo Ferreyra, directivo de la organización, sostiene que el tratamiento legislativo no estuvo a la altura de la complejidad del proyecto. “Se dio un tratamiento exprés con instancias de participación muy limitadas”, afirma.
En relación con el derecho de huelga, ACIJ advierte que el proyecto amplía la categoría de servicios esenciales e incorpora la figura de “actividades de importancia trascendental”, obligando a garantizar un 75% o 50% de prestación aún en caso de huelga. “Exigir un 75% o un 50% de actividad normal no parecería ser un servicio mínimo bajo ninguna interpretación razonable”, señala Eduardo. A su entender, esto podría desnaturalizar el derecho constitucional de huelga.
También observan riesgos para la libertad de expresión en la incorporación como infracción de “instar” bloqueos o tomas de establecimientos, sin una definición clara del término, y alertan sobre nuevas barreras en el acceso a la justicia. Entre ellas, la limitación del principio “in dubio pro trabajador” solo a cuestiones de derecho y no de hecho, y mayores exigencias probatorias al inicio del proceso judicial.
“La razón de ser de la interpretación pro trabajador es porque entendemos que es una relación desigual”, explica. Reducir esas garantías, advierte, implica retroceder en la protección frente a esa asimetría.
Desde Fundar, el investigador Sebastián Etchemendy, coincide: “Lo principal que hace el marco laboral en una sociedad es que determina o configura los equilibrios de poder entre capital y trabajo. Esta reforma lo que hace es correr fuertemente ese poder y esa capacidad de decisión en una sociedad desde los trabajadores hacia el sector empresario. Los mercados de trabajo más regulados tienden a ser sociedades más igualitarias; los más desregulados suelen tener un poder mucho más fuerte de los empresarios frente a los sectores del trabajo”.
Etchemendy introduce otra dimensión: la relación entre reforma laboral y generación de empleo en el contexto económico actual. Plantea que no necesariamente una reforma de estas características puede generar empleo por sí misma. En un contexto recesivo, sostiene, la creación de puestos de trabajo depende de múltiples factores y no exclusivamente de modificaciones normativas.
El señalamiento converge con otra crítica presente en el debate: la reforma no amplía derechos para quienes hoy están en la informalidad o en formas independientes de trabajo, sino que reduce o flexibiliza estándares para quienes ya están dentro del sistema formal.
En noviembre de 2024, Etchemendy desarrollo un documento sobre cómo sería una reforma laboral para la inclusión y el crecimiento. Se puede ver acá.
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El 47% de las empresas listadas en la CNV presentó reportes de sustentabilidad en 2025
El 47% de las empresas listadas en la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó información vinculada a aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) durante 2025, según un relevamiento del equipo de Sustentabilidad de SMS Buenos Aires, firma miembro de SMS Latinoamérica. El porcentaje representa un aumento de nueve puntos frente al 38% registrado en 2024, aunque en términos absolutos la cantidad de compañías que reportan se mantiene prácticamente sin cambios debido a la reducción del universo de empresas listadas. Ninguna de las compañías pertenecientes a la categoría Pyme divulgó información bajo estándares internacionales.
El informe destaca además una mejora en la calidad de los reportes: el 93% presenta un mayor nivel de consistencia y desarrollo, frente al 87% del año anterior. Los estándares más utilizados continúan siendo GRI, adoptado por el 96% de las empresas reportantes, y SASB, que creció del 45% al 60% como complemento. La verificación externa se mantuvo estable, con cerca del 30% de las empresas sometiendo sus reportes a auditoría, en todos los casos realizada por firmas especializadas. El formato de Reporte Integrado se sostuvo en el 15% de implementación. Por sectores, lideran energía (28%), servicios financieros (21%) e industria (9%). Todas las empresas energéticas listadas reportan bajo estándares internacionales, mientras que entre las financieras el 60% no publica información de sostenibilidad, aunque las que sí lo hacen encabezan el uso del reporte integrado.
Como novedad, el estudio incorporó el análisis sobre medición de huella de carbono. El 40% de las empresas relevadas declaró medir sus emisiones, mientras que el 60% aún no lo hace. Entre las que sí realizan el cálculo, el 60% reporta emisiones de Alcance 1, 2 y 3; el 35% incluye solo Alcances 1 y 2; y un 5% no especifica el alcance. Además, todas las compañías que miden su huella también reportan información ASG, lo que evidencia una correlación directa entre medición ambiental y prácticas formales de sustentabilidad. Los resultados muestran avances en la integración de métricas ambientales a la gestión empresarial, aunque persiste un amplio margen de desarrollo en el conjunto de las empresas listadas.
Más calor, menos café: el cambio climático presiona a los principales países productores
En el mundo se consumen alrededor de 2.200 millones de tazas de café por día. Pero detrás de esa rutina cotidiana, el suministro global atraviesa una presión creciente. Un nuevo análisis de Climate Central muestra que el cambio climático está aumentando la cantidad de días con temperaturas superiores a los 30°C, el umbral a partir del cual la planta de café sufre estrés térmico, en las principales regiones productoras del mundo. Lee la nota acá.
Hasta aquí llegamos hoy. Los leo en [email protected]
Hasta el martes,
Flor.