¡Hola! A principios de mayo se pudo ver en los medios argentinos titulares sobre el hallazgo del mayor yacimiento de cobre de los últimos 30 años. Esta noticia reabre el debate sobre el rol de la minería. ¿Puede una actividad extractiva ser sustentable? ¿Qué experiencias existen en la región? Cuatro voces del sector privado, académico y ambiental analizan el potencial y los límites de este tipo de proyectos.
Minería en San Juan: ¿motor de desarrollo o desafío ambiental?
“Uno de los depósitos de cobre, oro y plata de mayor envergadura a nivel mundial”. Así definió la minera Vicuña, participada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, a sus proyectos integrados Filo del Sol y Josemaría, en la frontera entre Argentina y Chile. El hallazgo se presentó como un hito: potencial exportador, generación de divisas y una oportunidad bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Pero a estos anuncios siguen las preguntas: ¿cuál es el verdadero impacto de este tipo de proyectos? ¿Qué significa para las comunidades y los ecosistemas? ¿Puede hablarse de minería sustentable?
“La transición energética nos permitió traer a la minería al centro de la solución. Hoy se entiende que el mundo necesita minerales como el litio y el cobre”, afirma Cecilia Domínguez, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Según explicó, muchas empresas hoy trabajan con estándares más exigentes que en el pasado. “La actividad minera no puede avanzar sin estudios de impacto ambiental ni mecanismos de participación comunitaria. Lo ambiental ya no es un apéndice, está en el corazón de la planificación”, sostuvo.
Domínguez cita el caso de Minera Exar, en Jujuy, como ejemplo de articulación con comunidades indígenas: “La propiedad del yacimiento está sobre tierras con personería jurídica de siete comunidades indígenas. Hay mesas de trabajo permanentes”.
Pero desde la academia, la visión es más crítica. “Decir minería sustentable es una contradicción en sí misma. Es una actividad extractiva”, señala Anabel Marín, economista con doctorado en Estudios de Política Científica y Tecnológica por la Universidad de Sussex (Inglaterra). “Más allá de los conceptos, la clave está en los acuerdos: quién paga los costos, quién se lleva los beneficios, y qué queda para las comunidades cuando se termina la extracción”.
En su opinión, el marco actual que impulsa el RIGI “saca herramientas al Estado para orientar el desarrollo”. “Se exporta naturaleza barata y se compran productos caros. No estamos insertos en la transición energética global: estamos proveyendo los insumos sin discutir qué modelo de país queremos”.
Desde el ambientalismo, la desconfianza es aún más profunda. Para Pia Marchegiani, directora de política ambiental de FARN, lo que se vive en Argentina es un déjà vu: “Cada tantos años hay un nuevo hallazgo, un nuevo mineral, un nuevo espejismo. Antes fue el litio, antes el oro. Ahora el cobre. Pero las condiciones no cambian: falta de transparencia, superposición con zonas de glaciares, ausencia de consulta a comunidades indígenas, estudios de impacto que no se publican”.
Marchegiani rechaza el uso del término “sustentable” para describir esta actividad. “Confunde. Genera la idea de una solución mágica. Lo que podría haber, en el mejor de los casos, es minería responsable. Es decir, que cumpla las normas, que no contamine, que no oculte pasivos ambientales. Pero ni eso se garantiza hoy”.
El jefe comercial de la empresa chilena Ecogent Felipe Castillo remarca la necesidad de medir para poder decidir. Su firma desarrolla tecnología de ADN ambiental para detectar biodiversidad en los territorios antes, durante y después de los proyectos. “Hoy muchas empresas no saben cómo impactan realmente. Si no respetamos la biodiversidad, las empresas no van a poder operar en el largo plazo”, advierte.
¿Qué rol debería tener el Estado frente a este nuevo proyecto? Para Marchegiani, el diagnóstico es claro: “Argentina sigue ofreciendo incentivos fiscales sin exigir nada a cambio. Debería haber planificación estratégica con mirada ambiental. No todo yacimiento debe explotarse. Hay que decir dónde sí, dónde no, y bajo qué condiciones”.
Como explica Marchegiani: “Los minerales extraídos en el país se exportan en su mayoría en estado casi crudo, y no necesariamente fortalecen una matriz energética más limpia a nivel nacional”.
Como ya señalaron Maristella Svampa y Enrique Viale, cíclicamente el discurso del “nuevo El Dorado” vuelve con fuerza. En los 90 fue la soja, hace 10 años fue Vaca Muerta y luego el Litio. Con estos anuncios aparece la idea de “salvación” con los recursos naturales.
En ese sentido, vuelve la pregunta de fondo: ¿puede la minería ser una palanca de desarrollo? La respuesta depende del modelo. De si se construye con acuerdos sociales, con regulaciones ambientales sólidas, con transparencia y con una mirada de largo plazo.
Lecciones desde Sudbury y Antônio Pereira
El blog de la Revista Internacional del Trabajo publicó un artículo que invita a repensar el concepto de trabajo sostenible a través de una mirada descolonial. El texto se basa en estudios de campo en dos comunidades impactadas por la minería: Sudbury, en Canadá, y Antônio Pereira, en Brasil. Ambos casos revelan tensiones entre los discursos oficiales sobre sostenibilidad y las experiencias reales de las comunidades afectadas.
En Sudbury, ciudad históricamente ligada a la minería y a altos niveles de contaminación por azufre, se ha consolidado una narrativa de reverdecimiento y transición energética. Empresas como Vale —con fuerte presencia en Canadá y Brasil— y autoridades locales promueven el caso como ejemplo de sostenibilidad, destacando la participación de comunidades indígenas en acuerdos laborales y de capacitación. Aunque persisten críticas desde sectores comunitarios, predomina la idea de que la minería puede alinearse con la transición verde global.
Por contraste, en Antônio Pereira (Brasil), distrito afrodescendiente de Ouro Preto, las consecuencias del extractivismo minero siguen latentes. Pese a que Vale promociona sus logros ambientales en Canadá, en este territorio brasileño continúan los conflictos por el desplazamiento forzado de residentes, los riesgos asociados a represas de residuos mineros y la escasa inclusión económica local. Aquí, las resistencias —en especial las lideradas por mujeres— proponen otras nociones de sostenibilidad, basadas en el cuidado del territorio y en formas de subsistencia ligadas a la tierra.
El artículo subraya que los marcos dominantes del trabajo sostenible —centrados en “empleos verdes” dentro del mercado— muchas veces ignoran los impactos sociales y ambientales de la minería a gran escala. Las autoras proponen una relectura desde valores como la reciprocidad, el cuidado y la justicia territorial, que desafíe las narrativas dominantes.
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