¡Hola! El 26 de marzo, mientras realizábamos un webinar sobre justicia fiscal, sufrimos un ataque cibernético cargado de violencia de género y expresiones discriminatorias. Esta táctica, cada vez más frecuente en América Latina, busca silenciar voces y cerrar espacios cívicos. Más allá de lo desagradable del episodio, este hecho nos empuja a abrir una conversación: ¿quién es responsable de la violencia virtual? ¿Cómo prevenirla? ¿Y qué hacer cuando sucede?
La charla sobre justicia fiscal será pronto reprogramada, con medidas de seguridad más robustas.
Cómo la violencia digital se volvió una herramienta para silenciar espacios cívicos
La violencia digital basada en género no es nueva, pero sí se ha vuelto más sistemática y grave. El informe “Hackeá la violencia digital”, elaborado por Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Mujeres y Amnistía Internacional, define esta violencia como aquella perpetrada mediante tecnologías digitales, dirigida contra personas por razón de su género. Incluye desde amenazas hasta la difusión no consentida de imágenes íntimas, y afecta principalmente a mujeres, adolescentes y personas LGBTQIA+.
Por ejemplo, durante la primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales en México, se sufrió un ciberataque durante una transmisión en vivo. La agresión ocurrió durante la mesa de diálogo ‘Memoria histórica de la Ley Olimpia’ en el arranque de actividades del segundo día de la cumbre, cuando infiltrados proyectaron imágenes con contenido sexual explícito. “Siempre apelan a lo mismo: contenido sexual extremo, imágenes de abuso. Buscan disciplinar discursos democráticos, feministas y de derechos humanos”, denunció Victoria Vaccaro, oficial de programas de UNFPA.
Esta violencia no solo genera miedo; limita activamente la participación pública. “Lo que se hackea es eso: las bases mismas de la democracia”, dice Victoria. La sensación de amenaza se traslada incluso a los eventos presenciales, donde hoy se exigen listas de invitados, identificación previa, y mayor seguridad para evitar ataques.
El acceso a herramientas de ciberseguridad no es igual para todas las personas. “Los que nos atacan tienen conocimiento técnico que nosotras no tenemos. Ellos están programando mientras los activismos están en la calle”, explica Victoria. Así se abre una nueva brecha entre quienes pueden seguir hablando, y quienes deben protegerse en silencio.
Desde la pandemia, estas violencias aumentaron. El espacio digital se convirtió en el escenario principal de la vida social y política. Los ataques son más organizados, masivos y dirigidos. Temas como salud sexual, ESI, aborto o igualdad de género disparan alarmas entre estos grupos, que responden con agresiones sincronizadas.
Las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad ineludible en la prevención, contención y reparación de la violencia digital. Sin embargo, en lugar de asumir un rol activo, muchas han optado por retirarse del debate público o incluso desmantelar sus mecanismos de protección. El viraje es preocupante: empresas como X (ex Twitter) han eliminado filtros de contenido violento en nombre de la “libertad de expresión”, permitiendo la proliferación de discursos de odio, violencia de género y discriminación.
Las herramientas para denunciar contenido nocivo dejaron de ser eficaces, o simplemente ya no están disponibles. “En vez de mejorar sus sistemas de moderación, algunas plataformas directamente han decidido no actuar. Esto deja a las víctimas solas y sin herramientas, y transforma a las redes sociales en zonas liberadas para el odio”, afirma Victoria.
Además, se suma un obstáculo jurídico: al estar radicadas fuera del país donde operan —generalmente en Silicon Valley—, las empresas responden ante otras jurisdicciones y muchas veces ignoran los oficios judiciales locales.
En este escenario, el avance de iniciativas regionales resulta clave. El mecanismo MESECVI de la OEA está trabajando en una ley modelo regional para prevenir la violencia digital, que obligue a las empresas a tener presencia jurídica local en los países donde operan. El objetivo: que los Estados puedan intervenir con mayor eficacia y exigir responsabilidad. Mientras tanto, existen herramientas tecnológicas desarrolladas por terceros —como marcas de agua inteligentes o sistemas de alerta frente a imágenes íntimas compartidas sin consentimiento—, pero su uso sigue siendo limitado y poco difundido.
La prevención de la violencia digital basada en género implica trabajar desde múltiples frentes, pero hoy la mayor carga recae sobre la sociedad civil. En Argentina, la Ley Olimpia —sancionada en 2023— establece lineamientos para prevenir y erradicar esta forma de violencia, incluyendo su incorporación en la Educación Sexual Integral (ESI) y campañas de sensibilización. Sin embargo, aún no se ha definido una autoridad de aplicación clara, y no hay un plan de acción público. “Desde UNFPA venimos trabajando desde 2019, con campañas, cursos para docentes y alianzas con Amnistía y ONU Mujeres”, cuenta Victoria.
Para adolescentes y jóvenes, es fundamental recibir herramientas prácticas: cómo cuidar su privacidad y por qué es importante no replicar contenidos sin consentimiento. “Hay que enseñarles cómo cuidarse, cómo identificar señales de alerta y cómo proteger a sus pares”, explica Victoria.
¿Qué hacer cuando la violencia ya ocurrió? En muchos países de la región, como Argentina, la falta de tipificación penal específica de la violencia digital deja a las víctimas desamparadas. Las denuncias muchas veces no son tomadas o se archivan sin tratamiento. “A veces hay que encuadrar el hecho bajo otras figuras legales, como amenazas, hostigamiento o violación de la privacidad para que se garantice el acceso a la justicia”, dice Victoria. Frente a esto, las organizaciones de la sociedad civil son clave: brindan acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y redes de contención entre pares.
El acompañamiento también implica reconocer que el daño no termina con el ataque. Muchas víctimas sufren efectos en su salud mental, su trabajo, sus relaciones, y abandonan espacios de participación pública. Por eso, visibilizar los casos, construir redes, exigir que las plataformas actúen y que los estados legislen, no es solo reparación: es defensa activa del derecho a estar en lo público.
¿Cómo un sistema fiscal justo puede revertir la desigualdad en Centroamérica?
Durante marzo se llevaron a cabo una serie de talleres online organizados por OXFAM y Otra Economía, centrados en la justicia fiscal en Centroamérica. Como cierre de estos encuentros, se presentó el informe “Más recursos para más derechos”. Lee los datos más relevantes del informe acá.
El mundo supera el 40 % de electricidad limpia: América Latina está al frente, con el 65 %
El mundo alcanzó un nuevo hito, ya que las fuentes con baja emisión de carbono, incluidas las renovables y la nuclear, brindaron el 40,9 % de la generación de electricidad a nivel mundial en 2024, lo que superó el 40 % por primera vez desde la década de 1940, según un informe del grupo de expertos internacional en energía Ember. Los países de América Latina y el Caribe están a la vanguardia con un 65 % de la electricidad de la región proveniente de fuentes limpias en 2024, por encima del promedio mundial.
Las fuentes de energía renovables fueron el principal impulsor del crecimiento de la electricidad limpia a nivel mundial, habiendo agregado un récord de 858 TWh en 2024, un 49 % más que el máximo histórico anterior en 2022. La energía solar fue la mayor nueva fuente de electricidad por tercer año consecutivo, habiendo agregado 474 TWh en 2024, y la de más rápido crecimiento por vigésimo año consecutivo. La generación de electricidad solar a nivel mundial se duplicó en tres años hasta alcanzar una participación del 6,9 % en 2024.
Los países de América Latina están entre los líderes mundiales de generación eléctrica con energía solar. Chile tuvo la segunda mayor participación en el mundo en 2024 (22 %) entre los países con más de 5 TWh de generación de electricidad solar, justo después de Hungría (25 %). El uso de energía solar para generación eléctrica en Chile se ha casi duplicado en tres años.
México también está por encima del promedio mundial, con un 8 % de su electricidad proveniente de la energía solar en 2024. Sin embargo, algunas de las principales economías de América Latina están por debajo del promedio mundial, incluidas Argentina (3%) y Colombia (4%).
Brasil se convirtió en el quinto mayor generador de energía solar en 2024, superando a Alemania en las clasificaciones a nivel mundial. En 2024, Brasil tuvo el tercer mayor incremento mundial en generación eléctrica solar y eólica. La energía solar se ha más que cuadruplicado en tres años, hasta alcanzar una participación del 10 % en 2024.
Informe: https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2025/
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¿Qué países de América Latina recuperan más residuos?
De acuerdo a un estudio reciente de la Universidad de Yale, Ecuador, Colombia y Cuba encabezaron la lista de países de la región con mayor capacidad de recuperación de residuos. En concreto, en Ecuador se logró recuperar un 11,8% de los residuos producidos en el país, mientras que su país vecino, Colombia, se posicionó segundo con una tasa de recuperación del 8,8%.
A pesar de estos avances, América Latina aún enfrenta grandes desafíos. Uno de los principales obstáculos es que la región sigue siendo uno de los principales destinos de desechos provenientes de Estados Unidos, lo que agrava la problemática ambiental y dificulta el desarrollo de estrategias sostenibles. Países como México, El Salvador y Ecuador destacan entre los países que más plásticos reciben.
Para tomar nota
Hasta aquí llegamos hoy. Los leo en [email protected]
Hasta el martes,
Flor.