La desigualdad económica es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población. La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas. Las sociedades equitativas con una clase media fuerte y próspera suelen tener mayor cohesión social, unas tasas de criminalidad inferiores, niveles más altos de confianza y satisfacción vital, y una mayor estabilidad política. Por el contrario, en los países con crecientes niveles de desigualdad, suele producirse malestar y el pacto social puede quebrarse. En casos más extremos, la persistencia de las desigualdades y de la discriminación contra grupos específicos puede dar lugar a conflictos violentos.

Solo el 20% de la población mundial vive en el Norte global, pero estos países concentran el 69% de la riqueza mundial y el 74 % de la riqueza milmillonaria del mundo, de acuerdo con datos de OXFAM. La desigualdad entre el Sur y el Norte persiste a través de los procesos de intercambio desigual, de control a distancia de los procesos productivos, de la centralización del capital financiero que luego fluye en inversiones hacia enclaves productivos en el Sur y el control político-cultural de los pueblos que no permite el desarrollo de una soberanía nacional plena. El Sur Global abarca países de África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, así como la mayor parte de Asia, situados tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Estos países comparten una posición estructural de periferia o semiperiferia en el sistema-mundo moderno.

El método más conocido para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. Este índice mide la desigualdad de los ingresos de una población, tomando valores entre 0 y 1. El valor 0 corresponde a la situación de menor desigualdad, que se alcanzaría si todas las personas dispusieran del mismo ingreso. El valor 1 indica la situación de mayor desigualdad, que se daría si una sola persona concentrara el total del ingreso y el resto de la población no dispusiera de nada. Estos valores extremos sirven de referencia, observándose en la realidad valores intermedios. A efectos de comparar dos valores de este indicador debe tenerse en cuenta que, cuanto más cercano a 1 sea el índice de Gini, mayor será la desigualdad.

Es el fenómeno que evidencia la acumulación de ingresos, rentas, beneficios o patrimonio de cualquier orden en manos de pocos actores económicos. Esta manifestación de desigualdad, o al menos de inequidad social, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Las élites económicas, que concentran la riqueza, son grupos reducidos, que se identifican o definen por ocupar posiciones muy relevantes dentro de la estructura económica de los países. De acuerdo con un informe de Oxfam sobre desigualdad y poder empresarial global, desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado, pasando de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones (lo que supone un aumento de 14 millones de dólares por hora). En América Latina y el Caribe, la riqueza de los tres multimillonarios más ricos ha aumentado un 70% desde 2020, mientras 70 millones de personas siguen viviendo en situación de pobreza extrema. Los sistemas fiscales de los países de la región han estado al servicio de intereses económicos de élites, pero no han contribuido a reducir la desigualdad, ni han permitido contar con recursos públicos suficientes.

El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma de bienes y servicios que un país produce durante un año. Es decir, que refleja el tamaño de su economía: cuanto más se produce, más dinero y riqueza suele generarse. No todas las actividades productivas están reflejadas en el PIB. Por ejemplo, el trabajo no remunerado (ya sean tareas domésticas o la labor de voluntarios) está excluido por su dificultad para medirlo. La renta per cápita es un indicador de riqueza o estabilidad económica de un territorio. Es un indicador bastante representativo de la situación económica del territorio. Porque se interrelacionan la renta nacional (mediante el PIB en un periodo concreto) y los habitantes de ese lugar. El PIB per cápita permite conocer cuál es el valor de los bienes y servicios producidos en un país por cada habitante.

La justicia fiscal se refiere a la equidad en la distribución de la carga tributaria dentro de una sociedad. La mayor parte de los sistemas tributarios en América Latina son regresivos, es decir, están compuestos por impuestos indirectos que se les cobran a todos por igual. De allí, su incapacidad para reducir las inequidades. Cuando los grupos más ricos evaden los impuestos que les corresponden pagar, no solo disminuyen los recursos que existen para financiar servicios públicos, sino que también trasladan la carga del gasto público hacia el resto de la sociedad. La justicia fiscal tiene que ver con una serie de medidas para ampliar los presupuestos estatales hacia la inversión en bienes y servicios públicos que garanticen el ejercicio de derechos humanos, con una mirada de equidad que permita el acceso efectivo y la igualdad de oportunidades de todas las personas, y particularmente de grupos de población históricamente discriminados y marginalizados. Un componente clave de la justicia fiscal es la tributación progresiva. Este principio establece que las tasas impositivas aumentan a medida que lo hacen los ingresos o la riqueza de un individuo. En otras palabras, aquellos con mayores recursos financieros contribuyen con una parte mayor de sus ingresos al sistema tributario, mientras que aquellos con menos recursos pagan proporcionalmente menos. La tributación progresiva ayuda a redistribuir la riqueza y reduce la desigualdad económica al proporcionar recursos adicionales para financiar programas sociales, infraestructura y servicios básicos, como educación, salud y vivienda, que son fundamentales para el desarrollo equitativo de una sociedad.

Los programas de austeridad que se han aplicado están basados en una fiscalidad regresiva, así como en el drástico recorte del gasto, especialmente en servicios públicos como la educación, la sanidad y la seguridad social. Estas medidas debilitan los mecanismos que reducen la desigualdad y que hacen posible un crecimiento equitativo. La austeridad fiscal suele ir acompañada de un aumento de la desregulación del sector privado. En ese contexto, cuando las personas con menor nivel de ingresos se quedan sin el apoyo que necesitan, los puestos de trabajo son cada vez más escasos y existe mayor inseguridad laboral.

Se produce una policrisis global cuando varias crisis originadas en múltiples sistemas globales se solapan causalmente de maneras que degradan significativamente las perspectivas de la humanidad. La policrisis afecta a todo el planeta y se produce por la combinación de factores como el cambio climático, el peso creciente de la inflación, la polarización política y social, las tensiones geoeconómicas y la crisis de materias primas, entre otros. Las actuales crisis se retroalimentan cada vez más.

Los cuidados son las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Hacen referencia al trabajo doméstico y el mantenimiento de los hogares, los cuidados en salud, la atención a las personas en situación de dependencia, el mantenimiento de las relaciones sociales, el apoyo educativo y psicológico a los miembros de la familia o el propio autocuidado. Sin los cuidados, el resto de las actividades no pueden funcionar, resultando por ello, fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema económico, el bienestar de las personas y la sostenibilidad del sistema en su conjunto. La corresponsabilidad implica que tanto hombres como mujeres se responsabilicen por igual en la tarea de planificar y realizar los cuidados. La injusta distribución de los cuidados está relacionada con los roles y estereotipos de género porque históricamente se representó como un trabajo de las mujeres. Para alcanzar la igualdad de género, resulta fundamental promover una distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado, revalorizando estas actividades.

Desde la revolución industrial, los combustibles fósiles han impulsado un crecimiento y un desarrollo extraordinarios, aunque con enormes costos para el clima. La transición hacia economías sostenibles y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero es un proceso crucial para abordar la crisis climática, pero su implementación debe considerar cuidadosamente sus impactos en la desigualdad. Si no se gestionan adecuadamente, las políticas de transición podrían exacerbar las desigualdades existentes al dejar atrás a ciertos grupos sociales o regiones marginadas. En los últimos años, el concepto de “transición justa” ha tomado fuerza en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos climáticos para garantizar que la sociedad en su conjunto —todas las comunidades, todos los trabajadores, todos los grupos sociales— estén en el centro de un futuro con cero emisiones netas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define de la siguiente manera: “Ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.

Cuándo se habla de commodities, generalmente se hace referencia a materias primas o bienes primarios que constituyen componentes básicos de productos más complejos. Los Commodities se clasifican en cinco grupos: granos, softs, energías, metales y carnes. Las empresas que se dedican a la alimentación, la energía y la minería generan enormes ganancias para gran parte de la élite económica. Esto se da a expensa de la naturaleza y de la gran mayoría de las personas, especialmente mujeres, indígenas y personas racializadas.

La deuda pública comprende a las obligaciones de pago contraídas por el Estado en cualquiera de sus niveles. El pago de la deuda pública en América Latina y el Caribe representa alrededor del 91% del gasto social total (educación, salud y protección social), de acuerdo con datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. La priorización en el pago de la deuda presionó a los países del sur global a seguir invirtiendo en sectores extractivos, retrasando la transición energética hacia modelos bajos en carbono y generando conflictos en territorio e impactos negativos a nivel socioambiental. El aumento de la deuda ha llevado a que los intereses que se pagan aumenten de forma progresiva en la región en una magnitud que varía según el país. En varios países se pagan intereses que superan el gasto social del gobierno central en salud, educación y protección social. En algunos países de la región una parte cada vez mayor de los ingresos tributarios se destina a las obligaciones relacionadas con el pago de intereses.