¡Hola! En las últimas ediciones nos propusimos observar qué condiciones hacen posible una vida compartida. Primero abordamos la soledad y las dificultades materiales que atraviesan nuestros vínculos. Después conocimos organizaciones que convierten el acompañamiento, la autonomía y el trabajo en red en prácticas concretas de cuidado. Ahora miramos hacia adelante: qué ocurrirá cuando las familias sean más pequeñas y aumente la cantidad de personas que necesitan cuidados prolongados. El futuro del cuidado nos obliga a discutir cómo distribuimos el tiempo, los ingresos y las responsabilidades.

El futuro del cuidado en América Latina: menos niños, más personas mayores y familias más pequeñas

Cuando imaginamos el futuro solemos hablar de inteligencia artificial, cambio climático, nuevas formas de empleo o ciudades inteligentes. Mucho menos frecuente es preguntarnos quién ayudará a levantarse, bañarse, comer, trasladarse o tomar una medicación a las personas que no puedan hacerlo solas. Este tema impactará directamente en nuestra vida cotidiana. El futuro también será una conversación sobre quién cuida, durante cuántas horas, con qué recursos y a costa de qué otros proyectos personales.

El informe Unpaid Caregiving in Latin America and the Caribbean: Key Numbers and Trends, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, permite dimensionar ese trabajo. En América Latina y el Caribe, 161 millones de personas realizan tareas de cuidado directo no remunerado. En conjunto, dedican 2.300 millones de horas semanales, equivalentes al trabajo de 57 millones de personas con una jornada laboral de tiempo completo.

Si esas horas recibieran un valor monetario, representarían entre el 5% y el 8% del producto interno bruto regional. Y se trata solamente del cuidado directo de niños, personas mayores y personas con discapacidad. La estimación no incluye buena parte de las tareas domésticas que lo hacen posible, como cocinar, limpiar, comprar alimentos o administrar un hogar.

Decir que ese trabajo es “no remunerado” no significa que sea gratuito. Alguien paga por él con su tiempo, sus ingresos, su descanso, su trayectoria laboral y, muchas veces, con su salud. En la mayoría de los casos, ese costo continúa recayendo sobre las mujeres: representan el 62% de las personas cuidadoras, pero realizan el 76% de todas las horas de cuidado. Ellas dedican, en promedio, 17 horas semanales a estas tareas, casi el doble que los varones.

En la actualidad, el 86% de las horas de cuidado directo de la región se destina a niños. Pero esa distribución cambiará profundamente durante las próximas décadas. La tasa de fecundidad regional cayó de 2,6 hijos por mujer en 2000 a 1,8 en 2023, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Al mismo tiempo, el tamaño promedio de los hogares se redujo de 4,3 a 3,3 integrantes.

Mientras disminuye la proporción de niños, aumenta la cantidad de personas mayores. En 2023, el 9,5% de la población de América Latina y el Caribe tenía 65 años o más. Para 2050 representará cerca del 19% y hacia 2075 podría llegar al 28%.

Las proyecciones del BID muestran la magnitud del giro. Si se mantienen los arreglos actuales, en 2050 habrá 34 millones menos de personas dedicadas al cuidado de niños, 14 millones más cuidando a personas adultas con discapacidad y 27 millones más atendiendo a personas mayores. Hoy existe aproximadamente una persona cuidadora de adultos mayores por cada seis que cuidan niños. Para 2050, esa relación será de una por cada 2,2.

El número total de personas cuidadoras incluso podría descender levemente, de 161 a 155 millones. Pero interpretar esa reducción como un alivio sería un error. No tendremos menos necesidad de cuidado, sino una demanda diferente, posiblemente más extensa, especializada e imprevisible.

El cuidado de una persona mayor puede prolongarse durante años y combinar asistencia cotidiana, acompañamiento emocional, traslados, trámites, tratamientos y coordinación con servicios de salud. El aumento de las demencias y de otras enfermedades asociadas con edades avanzadas también requerirá conocimientos específicos, información y apoyo profesional.

Este proceso ocurre mientras se reducen las redes familiares disponibles. Hay menos hijos y hogares con menos integrantes. También aumenta la participación laboral de las mujeres, que alcanzó el 60% entre la población de 15 a 64 años en 2024. Esa incorporación es un avance que debe profundizarse, pero también expone la fragilidad de un modelo que sigue suponiendo que siempre habrá una mujer disponible para cuidar gratuitamente.

Según el BID, 41 millones de personas, el 26% del total de cuidadores, atienden a más de un tipo de destinatario. Es decir, personas que cuidan simultáneamente a sus hijos y a sus padres o familiares mayores. Casi siete de cada diez son mujeres. Quienes cuidan a un solo grupo dedican, en promedio, 11,9 horas semanales al cuidado directo. Cuando deben atender a distintos grupos, esa carga asciende a 21,2 horas.

Por eso el cuidado también está relacionado con la soledad. Cuando todo el tiempo disponible se utiliza para sostener a otros, se reducen las posibilidades de cultivar amistades, descansar, participar de actividades comunitarias o pedir ayuda. La sobrecarga puede aislar tanto a quien necesita cuidados como a quien los brinda.

Las experiencias de DISCAR, Fundación Navarro Viola, AMIA y Hospice Buen Samaritano, abordadas en la edición anterior, muestran que el cuidado puede organizarse de otras maneras. Aunque trabajan con poblaciones y necesidades diferentes, comparten algunos principios: promover la autonomía en lugar de sustituir a las personas, acompañar a quienes cuidan, formar redes y reconocer que ninguna institución puede responder sola.

Pero ninguna organización, por valiosa que sea, puede resolver por sí sola un cambio de esta magnitud. El futuro exige sistemas integrales que articulen al Estado, las familias, las comunidades, las empresas y las organizaciones sociales. La construcción de redes no puede significar que el Estado se retire, sino que asuma la responsabilidad de sostener, financiar y ampliar las respuestas que surgen en los territorios.

Esto incluye servicios accesibles para la primera infancia, apoyos para las personas con discapacidad, sistemas de cuidados de larga duración, formación profesional, licencias laborales, protección social y espacios de respiro para quienes cuidan. También supone reconocer y remunerar adecuadamente a las trabajadoras del cuidado, un sector todavía atravesado por la informalidad y los bajos salarios.

Las empresas deberán revisar su propia organización del trabajo. Los horarios rígidos, las licencias limitadas y la falta de previsibilidad suelen ser incompatibles con responsabilidades de cuidado que no pueden postergarse. Si el mercado laboral continúa actuando como si sus trabajadores no cuidaran a nadie, seguirá trasladando el costo a los hogares.

Pensar el cuidado como infraestructura puede ayudar a cambiar la conversación. Una sociedad necesita rutas, energía y conectividad para funcionar. También necesita personas e instituciones capaces de acompañar la infancia, la discapacidad, la enfermedad y la vejez. Esta infraestructura está formada por servicios, pero también por vínculos, conocimientos, tiempo y confianza.

Si la primera nota de esta serie mostró que la falta de tiempo y de infraestructura social puede profundizar la soledad, y la segunda recuperó organizaciones que construyen respuestas concretas, los datos del BID permiten comprender la escala del desafío. El futuro dependerá de que esas prácticas no queden limitadas a iniciativas aisladas, sino que puedan articularse con políticas públicas, recursos y redes territoriales.

La discusión de fondo no es solamente quién cuidará en 2050. También debemos preguntarnos en qué condiciones lo hará, con qué apoyos, quién asumirá el costo y cuánto tiempo personal tendrá que sacrificar. Todas las personas necesitamos cuidados en algún momento de la vida. Organizar esa interdependencia de una manera más justa será uno de los grandes desafíos económicos y sociales de las próximas décadas.

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Comunidades indígenas y campesinas del Norte Grande argentino participan en la producción de harina de algarroba a través de MAPIC, una iniciativa de la empresa Producciones Nativas S.A.S. La propuesta combina molinos instalados en los territorios con una planta central de procesamiento. La planta fue inaugurada el 9 de septiembre dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza, Santa Fe, y tiene capacidad para procesar hasta 500 kilos de chauchas por día.

El proyecto se desarrolla en el marco de Impacto Verde, una alianza impulsada por Team Europe Argentina e implementada por Redes Chaco. MAPIC fue una de las 14 iniciativas seleccionadas entre 100 propuestas por el Desafío de Innovación para el Norte Grande, una convocatoria lanzada en 2024 para acompañar modelos de negocio con impacto ambiental y social.

La red conecta la planta de Santa Fe con nodos de procesamiento situados en Jujuy, Chaco, Salta, Santiago del Estero y el norte santafesino. Cada uno cuenta con un molino diseñado para trabajar en pequeña escala. También, las comunidades acceden a capacitaciones sobre cosecha y acondicionamiento de los frutos, manipulación de alimentos y mantenimiento de los equipos.

En Vinalito, Jujuy, el proyecto trabaja con la Cooperativa Fraile Pintado, integrada por 60 familias. Allí, la producción de harina se vincula con un proceso de restauración de tierras degradadas mediante la eliminación de especies exóticas y la reincorporación del algarrobo blanco. El molino permite que la cooperativa procese un fruto que antes no podía aprovechar comercialmente por falta de equipamiento.

En Fortín Lavalle, Chaco, 15 mujeres de una comunidad qom participan en la elaboración de la harina y otras 40 personas intervienen en la recolección de las chauchas. Las familias recolectan los frutos en sus predios y los envían a la sala de procesamiento comunitaria. Antes de recibir el nuevo equipo, la organización ya había producido y vendido localmente unos 150 kilos de harina.

El proyecto también entregó un molino a una comunidad wichí de Salta, donde la harina de algarroba se elaboraba tradicionalmente con morteros. El objetivo es que las familias puedan producir el alimento para su propio consumo y comercializar los excedentes. Otro equipo fue destinado a una organización campesina de Santiago del Estero que ya utilizaba la harina para elaborar masitas, alfajores y budines.

“Lo que buscamos con este proyecto es que las comunidades produzcan su propia harina para consumo y también, si tienen algún excedente, puedan comercializarla”, explicó Miguel Forni, ingeniero agrónomo, docente de la Universidad Nacional del Litoral y socio fundador de Producciones Nativas.

La nueva planta de Santa Fe puede procesar hasta 500 kilos de chauchas por día y recibe parte de la materia prima recolectada en los distintos territorios. De acuerdo con MAPIC, alrededor del 86% se convierte en harina fina para consumo humano. El resto puede emplearse en alimentos para ganado, biopreparados y fertilizantes orgánicos, mientras que las semillas se destinan a nuevas plantaciones.

Hasta aquí llegamos hoy. Los leo en [email protected]

Hasta el martes,

Flor.