En Japón, la adaptación a las inundaciones no se limita a construir diques, muros u otras barreras físicas de protección. También puede significar convertir un arrozal en infraestructura temporal para almacenar agua, sumar sensores a una luminaria o diseñar un edificio que funcione como refugio durante una emergencia. Esa combinación de soluciones de distinta escala es el eje de Resilient Economies: Flood Adaptation Infrastructure Innovations from Japan, un informe del Foro Económico Mundial en colaboración con Deloitte.

Los eventos climáticos extremos costaron a la economía mundial más de US$2 billones durante la última década, según datos citados en el informe. Solo en 2025, los diez desastres más graves dejaron US$296.000 millones en pérdidas directas, de los cuales US$167.000 millones no estaban asegurados. Una de cada cuatro personas enfrenta hoy riesgo de inundación.

Frente a ese escenario, el documento propone pasar de responder después del desastre a invertir en adaptación. Japón ofrece dos experiencias muy distintas: una gran obra debajo del área metropolitana de Tokio y un sistema distribuido sobre campos de arroz en la prefectura de Niigata. La combinación es parte de una estrategia que entiende la gestión del agua no solo como un problema de ingeniería, sino también de coordinación, incentivos y participación comunitaria.

El sistema G-Cans conecta ríos propensos a desbordarse con el Edogawa mediante 6,3 kilómetros de túneles, cinco pozos verticales, un tanque subterráneo y una estación de bombeo. Puede almacenar 670.000 metros cúbicos de agua y controlar picos de caudal durante lluvias intensas. Hasta 2024, se estima que evitó daños por 148.400 millones de yenes. Los hogares afectados por inundaciones en la región pasaron de más de 84.000 en la década de 1980 a 5.745 en los años 2000.

La reducción del riesgo tuvo también efectos económicos. Kasukabe, una ciudad antes considerada demasiado vulnerable para atraer inversiones, recibió 28 empresas y generó alrededor de 3.200 empleos. G-Cans, además, abrió al público como atractivo turístico en 2018 y en 2024 recibió 62.000 visitantes. La infraestructura que protege frente a una amenaza pasó así a tener también valor económico y cívico.

Niigata ofrece una respuesta de otra escala. Allí, gobiernos locales y comunidades formalizaron en 2002 el sistema de paddy field dams, que aprovecha los arrozales para retener temporalmente el agua de lluvia. Pequeñas placas colocadas en las salidas de drenaje restringen el flujo durante precipitaciones intensas y liberan el agua gradualmente. El mecanismo funciona de manera automática y no altera el uso agrícola normal de los campos.

Los agricultores pueden instalar los dispositivos y reciben pagos municipales por contribuir a reducir el riesgo de inundación de la cuenca. También existen apoyos nacionales que reconocen beneficios ambientales y sociales de la agricultura. La lógica es que esos campos no producen únicamente alimentos: también pueden prestar un servicio de protección a las comunidades.

La evidencia muestra resultados, aunque no elimina el riesgo. Durante las lluvias de 2011 en Niigata-Fukushima, el área que habría quedado inundada sin estos sistemas se estimó en 1.566 hectáreas; con ellos, fueron alrededor de 1.137.

El informe advierte que ninguna infraestructura funciona de una vez y para siempre frente a eventos que se intensifican. La lección transferible está en las condiciones que permiten sostener las respuestas: coordinación entre niveles de gobierno, datos para medir resultados, incentivos, participación comunitaria e implementación gradual. Japón suma a este repertorio sensores de bajo costo, pronósticos con inteligencia artificial, jardines de lluvia, sistemas satelitales y plataformas de alerta.

La principal enseñanza japonesa no es una tecnología específica. Es la posibilidad de combinar grandes obras con soluciones distribuidas y reconocer que un campo, una calle, un edificio o un sistema de datos pueden cumplir más de una función. También supone ampliar quiénes participan: gobiernos, empresas, agricultores, universidades y comunidades. Frente a un riesgo de inundación creciente, la resiliencia deja así de ser solo una respuesta a la emergencia y empieza a formar parte de cómo una economía decide invertir, producir y organizar su territorio.