¡Hola! En esta edición ponemos el foco en una idea sencilla pero transformadora: si queremos acabar con el hambre, necesitamos sistemas agroalimentarios con igualdad de género en el centro. ¿Qué está pasando en la región y qué pueden hacer los parlamentos? Te lo contamos con datos recientes y claves de acción.

¿Por qué la equidad de género es clave para alimentar al mundo?

La inseguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales desafíos para América Latina y el Caribe, pero no afecta a todos por igual: de acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres siguen siendo las más afectadas. En la región, tienen 5,2 puntos porcentuales más de probabilidad que los hombres de sufrir inseguridad alimentaria moderada o grave.

Esta brecha no es un efecto temporal, sino que refleja desigualdades estructurales en el acceso a recursos, servicios y oportunidades dentro de los sistemas agroalimentarios. Frente a este escenario, el enfoque de género es una herramienta clave para transformar las políticas públicas y avanzar hacia el derecho a la alimentación.

La reciente publicación de la FAO Género, hambre y malnutrición: Guía práctica para parlamentarias y parlamentarios transmite un mensaje claro: el trabajo legislativo es un instrumento esencial para transformar los sistemas agroalimentarios desde la equidad.

Legislar con enfoque de género es, ante todo, un imperativo de derechos humanos. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental, y las leyes deben reflejar este principio garantizando un trato justo y equitativo para todas las personas.

Pero además, una legislación sensible al género tiene sentido económico y social. Promover la igualdad de género en los marcos legales no solo beneficia a las mujeres y a las niñas, sino a toda la sociedad, al impulsar el crecimiento económico, la cohesión social y el desarrollo cultural. No será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras la mitad de la población siga enfrentando obstáculos para ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades.

Por esta razón, muchos países han ratificado acuerdos internacionales que los comprometen a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres. Estos compromisos exigen que la igualdad no sea solo un principio formal, sino una realidad concreta, transformadora y verificable.

Uno de los primeros pasos para avanzar en la igualdad de género en esta materia es revisar los marcos jurídicos vigentes e identificar normativas que mantengan o profundicen las brechas de género. En algunos casos, será necesario modificar leyes existentes; en otros, proponer nuevas normas que reconozcan las desigualdades y planteen soluciones específicas.

También es imprescindible garantizar recursos. Sin presupuestos adecuados, las políticas quedan en el papel o se implementan de forma parcial. El compromiso parlamentario debe traducirse en asignaciones presupuestarias que respalden la igualdad de género, incluyendo fondos para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito y a servicios de cuidado en zonas rurales, esenciales para avanzar en igualdad y erradicar el hambre.

Otra recomendación importante es el uso de lenguaje inclusivo en los textos legales. Sustituir términos excluyentes por otros que representen a toda la población —como “personas” en lugar de “hombres” — contribuye a garantizar que mujeres y niñas sean reconocidas explícitamente como titulares de derechos.

El involucramiento de hombres y niños como aliados también es clave. Transformar patrones culturales y promover la corresponsabilidad en el hogar, la comunidad y la nación requiere la participación de todos los actores sociales.

Lograr sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos requiere tanto voluntad política como alianzas sólidas. En América Latina y el Caribe, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, con el apoyo de la FAO y socios de cooperación de España y México, han impulsado marcos legales y presupuestos con enfoque de género. Iniciativas como las de ParlAmericas fortalecen estos esfuerzos, promoviendo leyes más inclusivas y el liderazgo de mujeres jóvenes.

Por ejemplo, gracias al impulso del Frente Parlamentario contra el Hambre, con el apoyo técnico de la FAO, se aprobó la Ley de Alimentación Escolar en Guatemala, que permite que estudiantes de la Escuela Rural El Horizonte reciban alimentos preparados por madres voluntarias capacitadas en nutrición, manipulación segura y buenas prácticas de higiene.

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