En un contexto glocal convulsionado, las inversiones especulativas vuelan. A nivel local, además, el gobierno las estimula con un tipo de cambio frenado y altas tasas de interés que favorecen el carry trade. Pero las inversiones que persiguen un objetivo medioambiental o social, que caminaban lento, ahora muestran señales de retroceso.

El financiamiento bancario sostenible cayó 17% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras que el monto emitido en bonos sociales, verdes y sustentables se redujo 48% respecto de 2023, aunque se recuperó frente a 2024. Estas son algunas de las conclusiones del último Mapeo de la Inversión de Impacto en la Argentina, realizado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social de la Universidad Austral y la Fundación Alimentaris.

El financiamiento sostenible y la inversión de impacto movilizaron US$2.171 millones distribuidos en 543.735 operaciones en todo el país en 2025. Fuera del sistema bancario y del mercado de capitales, el relevamiento identificó 96 inversiones de impacto por un total de US$179 millones, con 50 inversores y 87 organizaciones receptoras. Seis de cada diez operaciones fueron por montos inferiores a US$150.000.

Eugenia Concina Haín, directora de Programas de Prosperidad de la Fundación Alimentaris, explica que “el desarrollo de la inversión de impacto en la Argentina no depende únicamente de movilizar mayores volúmenes de capital, sino también de crear las condiciones para que esos recursos lleguen efectivamente a proyectos capaces de generar resultados sociales y ambientales medibles, junto con retornos financieros sostenibles”.

Pese a los poco alentadores números macro, las necesidades de financiación de empresas y emprendedores muestran que hay espacio para crecer si se logran superar ciertos retos básicos, como aumentar el interés por destinar capital a negocios sostenibles, estandarizar las métricas de impacto teniendo en cuenta el tamaño de los proyectos y ampliar el acceso al financiamiento a más sectores y actividades con rentabilidad competitiva.

El estudio advierte una fuerte desigualdad territorial, ya que el 88% de las operaciones de inversión de impacto relevadas se vinculó con organizaciones que operan en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe. Además, identifica dificultades para conectar el capital con los proyectos: el 42% de los inversores señala la insuficiencia de capital como principal obstáculo y el 40% de las organizaciones receptoras tiene problemas para encontrar inversores que compartan su definición de impacto.

Dos casos testigo donde el capital encontró su destino

En este contexto de retroceso, hay experiencias particulares que muestran dinámicas distintas: las dificultades para conectar capital y proyectos no impidieron construir vínculos sólidos entre instituciones con recursos disponibles y empresas con necesidades concretas.

Tal es el caso de Charly Rivero Haedo, fundador y CFO de la alimenticia Zafrán, y Thiago Lespade, gerente general de Resiliencia SGR, que construyeron una relación enriquecedora a partir de la primera línea B del Banco Galicia, en 2021. Después, cuando el empresario buscaba capital para modernizar su planta e incorporar paneles solares, Lespade facilitó el acceso al crédito necesario para lograr su objetivo.

“Somos una empresa B, donamos el 1% de nuestra facturación y nuestro propósito es mejorar el mundo a través de una alimentación nutritiva, que regenere la tierra y ofrezca trabajo inclusivo. Desde hace unos meses somos cinco socios, ya que se sumó el grupo inversor de impacto uruguayo Capibara”, comenta el empresario. Pero su objetivo no es sólo conseguir un crédito para cambiar la línea de producción, sino sumar opciones de financiación alternativas y encontrar proveedores de impacto en línea con la sustentabilidad de su negocio.

Otra experiencia de colaboración está protagonizada por Karina Katz, de la filial local de la cooperativa global de impacto social Oikocredit, y Mauro López de Maturana, gerente financiero de la centenaria Asociación de Cooperativas Argentinas. Ambas instituciones mantienen una larga alianza mediante el otorgamiento de líneas de crédito enfocadas en el desarrollo agropecuario sostenible y el financiamiento de infraestructura, transporte y comercialización.

“El aporte de capital es clave para prefinanciar las cosechas, ya que nos permite la adquisición de granos y cultivos de pequeños y medianos productores, asegurándoles a ellos capital de trabajo inmediato y a nosotros nos facilita el acceso a volumen para los mercados de exportación”, concluye López de Maturana.