El desafío de mejorar la alfabetización suele asociarse exclusivamente al Estado. Sin embargo, la experiencia desarrollada durante los últimos tres años en San Juan muestra que otros actores también pueden contribuir sin reemplazar el liderazgo público. Empresas, fundaciones, especialistas y organizaciones de la sociedad civil acompañaron la implementación del Plan Comprendo y Aprendo, en una acción colectiva articulada por el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), a través de un esquema que buscó fortalecer una política pública, más que desarrollar proyectos aislados.
Según datos oficiales del programa, la fluidez lectora mejoró 3,6 puntos porcentuales en un año en las escuelas evaluadas, con una participación del 99% de los estudiantes. La cobertura se duplicó, del 38% de las escuelas en 2024 al 76% en 2025, y se prevé alcanzar la totalidad de las instituciones en 2026, con la incorporación de estudiantes de tercer grado, nivel inicial y educación especial.
Para la directora de Educación del GDFE, Lucía Feced, uno de los principales aprendizajes fue entender que la sostenibilidad depende tanto de los acuerdos institucionales como de los recursos. «Para que algo sea sostenible en el tiempo tiene que institucionalizarse, tiene que ser parte de una política prioritaria, con sus regulaciones, sus normas y con el gobierno impulsándolo», explica. Y agrega: «Pero también entendemos que el sector privado tiene mucho para aportar porque ayuda a sostener temas que requieren más tiempo que un mandato de gobierno».
Del aporte individual a la acción colectiva
A diferencia de las iniciativas filantrópicas tradicionales, donde cada empresa desarrolla proyectos propios, este modelo propone alinear capacidades y recursos detrás de un mismo objetivo. Antes de comenzar el trabajo con la provincia, las organizaciones participantes definieron cómo tomarían decisiones, cuál sería el mecanismo de gobernanza y qué rol asumiría cada actor: el Estado mantendría la conducción de la política educativa, mientras el sector privado aportaría financiamiento, capacidades técnicas y articulación.
«Nadie tiene la capacidad de resolver solo este tipo de problemas. La acción colectiva implica que cada actor aporte lo que puede y lo ponga al servicio del conjunto», afirma Feced.
Ese cambio de enfoque también modifica la relación entre los participantes: en lugar de competir por visibilidad o desarrollar intervenciones independientes, todos trabajan sobre una agenda compartida. El desafío, según Feced, es mantener siempre el propósito común por encima de las agendas particulares. «Todos tienen sus propias prioridades y coyunturas. Por eso hay que volver una y otra vez a poner en el centro el objetivo compartido».
La confianza como condición
Otro de los factores que permitió sostener la iniciativa fue la construcción de confianza entre los distintos actores. Para GDFE, esa confianza no surge de relaciones personales sino de reglas claras sobre las responsabilidades de cada uno. «Se generó un vínculo de confianza muy profesional. Cada uno entendía cuál era su responsabilidad y confiaba en que el otro iba a cumplir la suya», sostiene.
En ese esquema, GDFE asumió el papel de articulador: como asociación civil sin fines de lucro, coordinó la participación de las empresas, administró los recursos destinados a la asistencia técnica y contrató a los equipos especializados, buscando garantizar transparencia durante todo el proceso.
Un modelo que busca escalar
Aunque la experiencia comenzó en San Juan, desde GDFE consideran que los aprendizajes ya permiten pensar en otros territorios. La organización trabaja actualmente en una nueva acción colectiva vinculada con educación secundaria en Río Negro y continúa explorando formas de articulación con gobiernos provinciales. «No queremos superponer esfuerzos. Todo el tiempo nos preguntamos dónde podemos aportar un valor diferencial. Creemos que hoy existe una oportunidad para fortalecer justamente ese rol de articulación entre Estado, empresas y sociedad civil», señala Feced.
La experiencia también dejó una enseñanza sobre la propia política educativa: para mejorar la alfabetización no alcanza con una única intervención. El plan combina formación docente, acompañamiento pedagógico, provisión de materiales y libros de texto, monitoreo sistemático de los aprendizajes y evaluación permanente de resultados. «Si el problema es multidimensional, hay que abordarlo de manera multidimensional. No alcanza con capacitar docentes o entregar libros. Hace falta una estrategia integral que coordine todas esas dimensiones», resume Feced.