¡Hola! En esta edición ponemos el foco en un debate que atraviesa hoy a empresas, fundaciones y organizaciones sociales: cómo pasar de intervenciones aisladas a esquemas de acción colectiva con gobernanza, reglas e incentivos claros. El disparador es el informe “Una cultura de colaboración para un futuro común”, resultado de un proceso de diálogo que reunió a referentes del sector privado, la sociedad civil y la academia.
El futuro del trabajo en debate: qué plantea la reforma laboral
El documento, elaborado por GDFE, parte de una premisa: la acción colectiva no puede quedar en el plano aspiracional. “Necesita una arquitectura, necesita gobernanza, necesita incentivos y, sobre todo, liderazgo compartido”, plantea Javier García Moritán, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE).
En encuentros con socios y espacios de intercambio con expertos, emergió una discusión de fondo: si el aporte del sector privado al desarrollo se agota en la generación de riqueza y el pago de impuestos o si es posible concebir a la empresa también como actor social.
“¿Qué implica si la empresa es un actor social?”, fue una de las preguntas que atravesó los diálogos. La respuesta no se traduce en más programas filantrópicos periféricos, sino en movilizar “el corazón mismo de las organizaciones”, allí donde se definen decisiones estratégicas, inversiones y modelos de negocio.
El paper identifica, además, tensiones persistentes: falta de datos e indicadores compartidos, dificultades para articular recursos que existen pero no siempre se canalizan hacia el bien público, y un déficit de coordinación entre actores que muchas veces trabajan sobre los mismos problemas sin encontrarse.
En ese marco, se propone un cambio cultural: integrar más que escindir, hacer converger el bien particular y el bien público, superar una “ética de mínimos” basada en el mero cumplimiento y pasar “del contractualismo a la disponibilidad”. No como gesto voluntarista, sino como decisión estratégica frente a un contexto de fragmentación social y pérdida de confianza institucional.
Ana María Sánchez Rodríguez, directora de filantropía del Centro Mexicano para la Filantropía, propone una lectura desde la experiencia mexicana y latinoamericana.
“La colaboración no es imposible, es compleja. Si empezamos con que es imposible, la parálisis viene automáticamente”, afirma. En su intervención subrayó que colaborar supone aceptar el conflicto, reconocer asimetrías de poder y construir confianza de manera intencional.
Las relaciones, sostiene, “son demasiado importantes en nuestro campo como para esperar que se desarrollen solo por buena voluntad o casualidad”. En ese sentido, fortalecer a la sociedad civil y renovar la cultura filantrópica no es un complemento, sino una condición para ampliar recursos, consolidar confianza y generar sentido de comunidad.
Sánchez Rodríguez también insiste en la dimensión intersectorial: empresas, organizaciones sociales y academia no pueden limitarse a coexistir; necesitan diseñar espacios donde las diferencias no se diluyan, pero tampoco bloqueen la acción.
Desde Chile, Leonardo Maldonado, cofundador de Ciudades +B, lleva la discusión a un terreno más práctico y provocador.
“La acción colectiva no pasa porque estemos de acuerdo. De hecho, nunca estamos de acuerdo”, afirmó. Para Maldonado, uno de los errores más frecuentes en las mesas público-privadas es intentar alcanzar consensos totales sobre diagnóstico y soluciones. Ese estándar, sostiene, paraliza.
En lugar de buscar unanimidad, propone construir una “épica común”: una visión suficientemente amplia para que convivan miradas distintas y que genere la sensación de pertenecer al mismo bando frente a desafíos compartidos. Esa épica, según su experiencia, funciona mejor en escala local, donde los problemas se viven de manera concreta y cotidiana.
Otro aprendizaje es “entrelazar actores” en vez de obligarlos a sacrificar sus propios objetivos. “Si cada vez que voy a una reunión me sacan algo, a la tercera no voy. Pero si salgo con nuevos apoyos para mis propias metas, voy a seguir yendo”, resume. La colaboración, así entendida, no es beneficencia sino alineación de intereses.
Finalmente, subraya la importancia de visibilizar lo que sí funciona. “Es mentira que estamos todos peleados con todos”. Mostrar experiencias concretas de articulación puede modificar el sentido común y reconstruir confianza en el “nosotros”.
La colaboración no es un eslogan, sino una práctica que requiere método, reglas y continuidad. No alcanza con el diálogo, pero sin diálogo tampoco hay posibilidad de acuerdo sobre hacia dónde ir. En un contexto de polarización y desigualdad persistente, el desafío es pasar de la suma de iniciativas individuales a una infraestructura organizacional capaz de sostener la acción colectiva en el tiempo.
Glaciares en riesgo: alertan que debilitar la ley pondría en jaque el agua y la biodiversidad
Las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands presentaron el informe técnico “La importancia de los glaciares para la biodiversidad argentina y los potenciales riesgos de su desprotección”, donde advierten sobre los impactos ecológicos, hídricos y climáticos que implicaría debilitar la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. Lee la nota acá.
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Las mujeres aún tienen solo dos tercios de los derechos económicos que los hombres en el mundo
Las mujeres en el mundo siguen lejos de la igualdad económica plena. El informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2026 (WBL) revela que, en promedio, cuentan con solo dos tercios de los derechos legales que tienen los hombres. El índice global de marcos legales alcanza 67 sobre 100 y ninguna de las 190 economías evaluadas garantiza igualdad total de oportunidades. Apenas el 4 % de las mujeres vive en países que se acercan a ese estándar.
El estudio, que por primera vez no solo mide las leyes escritas sino también su implementación efectiva, muestra que el principal problema no es únicamente normativo. Aunque muchos países han avanzado en reformas legales, el índice de marcos de apoyo —que evalúa políticas públicas, instituciones, mecanismos de acceso a la justicia y sistemas de datos— promedia apenas 46,8 sobre 100. A su vez, los expertos estiman que las normas que promueven la participación económica femenina se aplican solo la mitad del tiempo (53,3).
Las mayores brechas globales se concentran en Seguridad frente a la violencia, Empresariado y Cuidado Infantil, mientras que en Remuneración persisten obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a empleos mejor pagos. En contraste, las áreas de Movilidad y Activos muestran mejores resultados en varias regiones, reflejando avances en derechos de propiedad y libertad de movimiento.
En América Latina y el Caribe, el panorama legal es algo más favorable que el promedio mundial: la región alcanza 72,2 puntos en el índice de marcos legales. Sin embargo, el desafío vuelve a estar en la implementación. Los marcos de apoyo obtienen 46,1 puntos y el índice de percepciones de cumplimiento llega a 55,3, lo que indica que los derechos reconocidos no siempre se traducen en cambios reales en la vida de las mujeres.
Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, 12 países de la región impulsaron reformas para ampliar el acceso de las mujeres a oportunidades económicas, especialmente en materia de seguridad y matrimonio infantil. Aun así, el informe advierte que sin instituciones sólidas, financiamiento y políticas efectivas —particularmente en cuidado infantil y emprendimiento— las reformas legales seguirán teniendo un impacto limitado en la autonomía económica femenina.
Calendario colaborativo
Los eventos de marzo en nuestro calendario colaborativo son:
- Mes de las empresas B
- 12-14 Latin American Regenerative Investment Summit (Bogota)
- 18- Liderazgo Sostenible – Ámbito
- Mujeres CAME
Si querés sumar tu evento para el próximo mes, escribime por correo.
Hasta aquí llegamos hoy. Los leo en [email protected]
Hasta el martes,
Flor.