¡Hola! En esta edición quería contarles sobre un nuevo informe de inversiones de impacto, realizado por la Universidad Austral y Fundación Alimentaris. También, vamos a conversar sobre el balance de la COP30 y el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires.
La inversión de impacto gana terreno en Argentina pese a sus tensiones estructurales
En una Argentina marcada por profundas brechas estructurales, orientar capital hacia iniciativas que generen bienestar social y ambiental, además de retorno financiero, se vuelve cada vez más central. “Las inversiones de impacto constituyen un motor transformador para nuestras sociedades: movilizan capital hacia iniciativas que, además de generar un retorno financiero, buscan resolver desafíos ambientales y sociales”, afirma Maria Victoria Prodanov Ithuralde, directora ejecutiva de Fundación Alimentaris.
¿Qué es la inversión de impacto? Es capital que busca retorno financiero y, al mismo tiempo, resultados sociales y ambientales medibles.
El nuevo Mapeo de Inversión de Impacto en Argentina 2023/2024, realizado por la Universidad Austral y Fundación Alimentaris con apoyo de Ekhos, GDFE, Sumatoria y El Núcleo, confirma que el ecosistema es emergente pero dinámico. Durante el bienio, Argentina representó aproximadamente el 14 por ciento de las operaciones regionales y, por primera vez, se logró sistematizar un directorio con casi 140 actores. “Este mapeo consolida un esfuerzo de largo plazo por medir de forma sistemática este tipo de inversiones que son clave para construir mercados más inclusivos y sostenibles”, explica Fernanda Figueroa, codirectora del estudio e investigadora del CESIS.
El mercado de bonos SVS (Verdes, Sociales y Sustentables) sobresale como uno de los principales motores. BYMA registró 40 emisiones por 1.132 millones de dólares destinadas, en su mayoría, a proyectos de energía renovable. Los bonos verdes concentraron el 75 por ciento de las emisiones y el 93 por ciento del monto total. Genneia se destacó con ocho colocaciones que sumaron cerca de 300 millones. La demanda inversora supera de manera sistemática a la oferta, con una brecha superior al 40 por ciento en los últimos dos años.
El sistema bancario también jugó un papel clave. Doce bancos reportaron 121.849 créditos con criterios verdes, sociales y sostenibles por 3.204 millones de dólares. Los bancos públicos lideraron en cantidad de créditos, mientras que los privados internacionales concentraron los mayores montos desembolsados. Los bonos SVS se orientan principalmente a proyectos verdes, mientras que los proyectos sociales encuentran más espacio en los créditos bancarios o en fondos de deuda como Sumatoria o BELAT.
Más allá del sistema financiero tradicional, el informe registró 214 operaciones por 41,6 millones de dólares impulsadas por 22 inversores hacia 89 organizaciones. Predominaron los fondos de deuda y equity creados en los últimos 15 años y originados en su mayoría en América Latina y el Caribe. Los tickets fueron mayoritariamente menores a 50 mil dólares y se destinaron a empresas en etapas maduras, con fuerte concentración geográfica en Ciudad y provincia de Buenos Aires. Los sectores más financiados fueron alimentos y agricultura, seguidos por manufactura, arte y cultura, energía y servicios financieros.
¿Cuáles son los desafíos? El crecimiento convive con tensiones estructurales. El predominio de la deuda y el foco en empresas maduras dejan afuera a muchos proyectos tempranos, donde suelen nacer las iniciativas más innovadoras. Además, persiste una brecha entre lo que esperan los inversores y lo que necesitan las empresas de impacto. Los primeros buscan escalabilidad y retornos similares al mercado. Las segundas requieren capital paciente, menos burocrático y con tasas que reflejen el valor social y ambiental que generan.
A esa tensión se suma la baja participación de cooperativas y ONGs, que aparecen solo en el 30 por ciento de los acuerdos. Para algunos actores esto responde a limitaciones de gestión y educación financiera en estas organizaciones; para otros, es la rigidez de las expectativas de retorno de los inversores. El resultado es un trade-off que deja al margen a actores clave de la economía social.
También falta infraestructura para conectar a emprendimientos emergentes con pequeños inversores. Varias organizaciones señalan la necesidad de plataformas de crowdfunding de equity, como Broota en Chile, que permitan democratizar y agilizar el financiamiento.
Por último, la volatilidad macroeconómica y la ausencia de regulaciones más favorables mantienen a los inversores institucionales en modo espera. Aunque hubo avances normativos que habilitaron nuevos instrumentos, la atracción de capital extranjero sigue siendo acotada.
“Este mapeo permite conocer experiencias, entender cómo se están movilizando recursos hacia iniciativas que combinan rentabilidad con impacto y abre el camino para que más actores se sumen a esta transformación”, señala Eugenia Concina, directora de programas de Prosperidad de Fundación Alimentaris.
El informe calcula que el financiamiento sostenible en Argentina alcanzó 4.373 millones de dólares en el bienio. Un volumen significativo para un ecosistema que crece, madura y busca consolidarse como una pieza clave del desarrollo sostenible del país.
Tres preguntas a Silvina Alonso, terapeuta ocupacional y Coordinadora de BA Oportunidades en BADiscapacidad
El 1° de octubre, la Ciudad inauguró el Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, la primera oficina pública dedicada a formación, emprendedurismo e inclusión laboral. ¿Cuál es el objetivo?
En el mundo, el 15% de la población son personas con discapacidad y, de ese porcentaje, el 80% no accede a una oportunidad laboral. En Argentina pasa algo similar: el 64,1% está inactivo según un informe de 2018, y en la Ciudad de Buenos Aires el número llega al 70%. Se trata de personas talentosas pero invisibles. Muchas veces pregunto en las empresas quién tiene personas con discapacidad en su red de LinkedIn y casi nadie levanta la mano. El centro nace para visibilizar estos talentos, acompañarlos en la búsqueda de empleo y también potenciar a quienes quieren desarrollar un emprendimiento propio. Nuestro objetivo es la inclusión económica, no solo laboral.
¿Qué lograron desde la inauguración y qué proyectan para el próximo año?
Inauguramos a principios de octubre y, desde entonces, atendimos a más de 630 personas con discapacidad. Se sumaron más de 413 empresas, se abrieron más de 300 vacantes en el sector privado y más de 1.250 personas participaron en capacitaciones, ya sea para buscar empleo o para fortalecer un emprendimiento. Para 2026 queremos potenciar todo lo que logramos hasta ahora y poner un foco fuerte en las personas emprendedoras, porque la situación laboral en el sector privado está compleja. Además, vamos a seguir fortaleciendo las capacitaciones con empresas, que muchas veces empiezan brindando horas de voluntariado corporativo y, a través de esa experiencia, pierden temores y empiezan a incorporar talentos con discapacidad.
¿Las empresas están preparadas para una inclusión genuina?
La principal barrera no es la infraestructura, sino el miedo a lo desconocido. Muchas empresas nos dicen que no están preparadas porque no tienen un baño accesible, pero hay muchas discapacidades —viscerales, psicosociales, intelectuales— que no requieren un baño adaptado. La discapacidad es una construcción social: una limitación real se encuentra con una barrera del entorno, y muchas veces esa barrera es invisible. Entonces, ¿están preparadas? Todavía no del todo, pero lo positivo es que sí tienen ganas de prepararse. Eso es lo que vimos en estos dos meses desde la apertura del centro.
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El balance de la sociedad civil sobre la COP30
La COP30 deja una sensación dulce al concluir con un importante avance en materia de transición justa, pero con deudas en los otros elementos de la negociación. Para la sociedad civil de América Latina y el Caribe, articulada en Climate Action Network América Latina (CANLA), el proceso y el resultado final no dan las señales necesarias para fortalecer la confianza en el multilateralismo, ni están a la altura de la crisis.
En primer lugar, CANLA lamenta que la COP30 no consolidara una discusión sólida sobre la provisión de financiamiento público y de calidad bajo el artículo 9.1, pese a ser una reclamación legítima, necesaria y colectiva del Sur Global. La inclusión de esta conversación en el Mutirão termina diluyendo la obligación jurídica de los países desarrollados de proveer financiamiento y asegurar que este sea previsible y de calidad. Ubicar el 9.1 “en el contexto del artículo 9 en su conjunto” desplaza la responsabilidad hacia un terreno más amplio y políticamente cómodo, dejando un programa de trabajo sin modalidades, sin cronograma y sin productos claros, contribuyendo a dilatar una conversación sustantiva sobre el tema
En segundo lugar, la adopción de los indicadores de adaptación (aunque marcada por inconsistencias técnicas) fue un paso necesario para avanzar hacia la fase de implementación. La llamada Visión Belém-Addis ofrece ahora una oportunidad clave para corregir estas fallas y asegurar que el marco sea operativo de aquí a 2027. Sin embargo, la decisión de triplicar el financiamiento para la adaptación a 2035 llegó con la menor ambición posible y sin claridad sobre el rol que deben asumir los países desarrollados para cumplirla ni garantías de que los recursos respondan a las necesidades reales de los países en desarrollo. La región insistió —y lo seguirá haciendo— en que la adaptación no puede seguir dependiendo de compromisos vagos ni financiamiento incierto; no pedimos caridad, exigimos responsabilidad.
Tercero, la creación de un mecanismo en el marco del Programa de Trabajo de Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) representa una victoria política significativa para América Latina, al lograr por primera vez un espacio dedicado que reconoce la transición justa como un componente central para implementar el Acuerdo de París y el Balance Global. El texto incorpora la mayoría de los principios propuestos por la sociedad civil, proporcionando una base sustantiva desde la cual avanzar. Además, invita a los países a integrar rutas a nivel nacional y reconoce la necesidad de financiamiento adicional y altamente concesional. Sin embargo, el mecanismo quedó establecido sin un marco holístico que articule plenamente estos principios y su operacionalización se aplaza a la COP31 con entrega final en la COP32. A pesar de su potencial transformador, el mecanismo aún carece de salvaguardas y directrices de gobernanza, dejando brechas que deberán cerrarse para garantizar que la transición sea realmente justa en los territorios que más la necesitan.
Finalmente, aunque la Presidencia lanzó iniciativas sobre la transición fuera de los combustibles fósiles y sobre una posible ruta para detener y revertir la deforestación hacia 2030, ninguna de ellas quedó reflejada como decisión oficial de la COP30. Que propuestas tan estratégicas permanezcan únicamente como “iniciativas presidenciales” —sin mandato, sin cronograma y sin seguimiento garantizado— revela un vacío político significativo: aquello que la comunidad internacional más necesita quedó sin fuerza vinculante. Esto resulta aún más evidente cuando se contrasta con la coherencia mostrada por países como Colombia, que impulsó de manera firme la creación de una hoja de ruta para la salida global de los combustibles fósiles y defendió este mensaje dentro y fuera de la sala de negociación. Además, la situación contrasta con la advertencia inequívoca de la Corte Internacional de Justicia: seguir subsidiando y expandiendo la explotación fósil podría constituir una violación del derecho internacional. Al no adoptar estas rutas dentro del marco formal de la decisión, la COP30 dejó fuera del texto aquello que podría haber enviado una señal histórica de coherencia climática, justicia climática y protección de nuestros ecosistemas.
CANLA reafirma un mensaje que lleva meses defendiendo: declarar la Amazonía como zona de exclusión de combustibles fósiles enviaría una señal política clara y urgente. América Latina debe estar dispuesta a frenar la expansión fósil donde más importa. Avanzar hacia zonas de exclusión en ecosistemas fundamentales para la estabilidad climática es el paso lógico y valiente que la región debe consolidar para inspirar al resto del mundo.
Reunión anual del comité editorial
La semana pasada realizamos el encuentro anual junto al comité editorial que integramos con GDFE, Sumatoria, Fundación Alimentaris, POTENCIAR y Sistema B.
Fue una jornada de intercambio, planificación y trabajo colaborativo para seguir construyendo una agenda periodística que impulse una economía circular, inclusiva y de triple impacto.
Con ideas nuevas y una visión común, ya estamos proyectando los contenidos y desafíos del próximo año.
Gracias a todas las organizaciones que forman parte de este espacio de cocreación.
Hasta aquí llegamos hoy. Los leo en [email protected]
Hasta el martes,
Flor.