¡Hola!  Durante años, los recicladores fueron vistos como un problema y fueron criminalizados. Sin embargo, con la formación de redes organizadas se logró avanzar hacia la desestigmatización y formalización de su trabajo. La semana pasada, volvio el tema en la agenda pública como un problema. Esto no es nuevo, pero vamos a demostrar porque esa narrativa no es cierta.

Del castigo a la inclusión: la disputa por el lugar de los recicladores urbanos en la ciudad

“Hasta $900.000 de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro”, ese fue el posteo de Laura Alonso, la vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este tipo de expresiones no surgen de la nada: son parte de una estrategia política que aprovecha el estigma para reforzar narrativas de “orden” y limpieza urbana. Al validar ese relato, se omite su rol socioambiental y se deslegitima el trabajo de los recicladores.

La figura del reciclador urbano nació de la necesidad y la exclusión social. Las políticas económicas y laborales de finales de los años noventa dejaron a miles de personas sin empleo y con condiciones de vida cada vez más precarias. En la crisis del 2001, marcada por los saqueos y el hambre, muchos salieron a buscar materiales en la basura para sobrevivir. Pero ese acto, tan ligado a la urgencia, tenía un riesgo: existía un decreto que prohibía recoger residuos de las calles y la policía perseguía a quienes lo hacían, tratándolos como delincuentes.

Sin proponérselo, esos hombres y mujeres que hurgaban en la basura por necesidad estaban resolviendo otro problema profundo: la mala gestión de los residuos en la ciudad. Se convirtieron, sin saberlo, en precursores del reciclaje inclusivo, un modelo que no solo atiende la cuestión ambiental, sino que también busca formalizar el trabajo y dignificar a quienes lo realizan.

Al principio no había políticas de reciclado que los contemplaran. Por eso, debieron organizarse y luchar por su reconocimiento. Fue un camino largo, atravesado por asambleas, manifestaciones y la construcción de cooperativas que reemplazaron el asistencialismo por un sistema de trabajo estable. El reconocimiento al movimiento cartonero en Buenos Aires fue posible gracias a una combinación de factores: visibilidad mediática, apoyo de organizaciones sociales, sensibilización de la ciudadanía y, finalmente, políticas públicas que empezaron a incluirlos.

El primer gran paso se dio en 2002, cuando la Legislatura porteña aprobó la Ley 992, que reconoció la tarea de los recuperadores de residuos reciclables. Tres años más tarde llegó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, más conocida como Ley de Basura Cero (1.854), cuyo objetivo era reducir de manera gradual la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios. Su sanción no solo impulsó la conciencia ambiental, sino que estableció que la labor de los cartoneros era parte esencial del servicio de higiene urbana, rebautizándolos oficialmente como “recuperadores”.

Con el tiempo, Buenos Aires consolidó un modelo de reciclaje inclusivo que fue reconocido internacionalmente. En 2020, el Centro de Reciclaje de la Ciudad ganó el Premio Latinoamérica Verde en la categoría Manejo de Residuos Sólidos, y en 2021 obtuvo el Smart City Award, distinción que premia a las ciudades que desarrollan políticas públicas innovadoras para mejorar la vida de sus habitantes.

Hoy, el sistema oficial de recolección diferenciada está integrado por doce cooperativas que agrupan a más de 6.500 personas, distribuidas en diversas tareas: recolección en la vía pública, clasificación en plantas, transporte, mantenimiento y gestión administrativa. Este engranaje colectivo no solo mejora la limpieza urbana, sino que evita que miles de toneladas de materiales terminen enterrados en rellenos sanitarios.

La importancia del reciclaje inclusivo no se limita a lo social; su impacto ambiental es igualmente significativo. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina y el Caribe generaron en 2021 cerca de 230 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, pero apenas el 4% se recicló o aprovechó. El 41% terminó directamente en el medio ambiente, afectando la salud pública y poniendo en riesgo la sostenibilidad.

El problema es también climático. Ese mismo año, las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector de residuos alcanzaron 345,48 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, principalmente metano. Este gas, segundo en importancia tras el CO₂, es uno de los más dañinos para el calentamiento global. De hecho, el sector de residuos es el tercer mayor emisor de metano de origen humano, después de la energía y la agricultura.

Cuatro ciudades latinoamericanas muestran cómo la tecnología puede transformar los servicios públicos

La Red de Innovación Local (RIL) relevó cuatro experiencias que reflejan el potencial de la tecnología para mejorar la gestión pública y poner a las personas en el centro de las soluciones. Desde plataformas que promueven la participación vecinal en la higiene urbana, sistemas inteligentes para monitorear calles y drones para emergencias, hasta inteligencia artificial para proteger el arbolado, las iniciativas muestran que la innovación va más allá de modernizar sistemas: es una oportunidad para anticipar necesidades, ampliar el acceso y fortalecer la toma de decisiones.

En San Pablo, Brasil, el sistema GAIA transforma a los ciudadanos en sensores urbanos activos mediante una red de más de 100 vehículos equipados con sensores y cámaras que capturan el estado del pavimento. “Utilizamos Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial para conocer con precisión la calidad del asfalto”, explicaron autoridades locales. Los datos se vuelcan en tableros de control que guían el mantenimiento, logrando evaluar el 90% de las calles y recorrer más de 200.000 km al mes.

En Luján de Cuyo, Argentina, la plataforma “Limpiando Luján” permitió reducir drásticamente los reclamos por poda y residuos gracias a la georreferenciación de camiones recolectores, un chatbot para consultas y reclamos geolocalizados. “El grado de satisfacción ciudadana en servicios clave superó el 97%”, destacó el municipio. El sistema optimiza recorridos, reduce la huella de carbono y mejora la eficiencia de la flota.

En Quito, Ecuador, el Cuerpo de Bomberos incorporó drones al Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia para vigilancia preventiva, localización de víctimas y monitoreo de incendios. “Esta herramienta reduce tiempos de respuesta y minimiza la exposición del personal ante situaciones de riesgo”, señalaron. La flota creció de uno a 11 drones y ha evitado que focos térmicos se transformen en catástrofes.

Por su parte, Ciudad de Guatemala implementó el primer censo forestal inteligente con inteligencia artificial, imágenes satelitales y sensores remotos. Con el software i-Tree, se planifican podas, reforestaciones y controles de plagas. “Este proyecto transformó la gestión del arbolado en una tarea estratégica y basada en evidencia”, informaron. El piloto registró 7.700 árboles, detectó 92 especies y calculó una producción anual de oxígeno suficiente para 750 personas.

Una cooperativa desde la cárcel: cómo los celulares habilitados transformaron la vida en la Unidad 15 de Batán

En la cárcel de Batán, el acceso a celulares habilitado durante la pandemia permitió mucho más que mantener el contacto con el exterior. Fue la base para crear una cooperativa autogestionada, proyectos educativos, una radio y hasta un almacén. La historia de Liberté muestra que el acceso a derechos no solo es posible tras las rejas, sino también transformador. Lee la nota de Lucía Cholakian Herrera.

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Para tomar nota

• L’Oréal Groupe abre por primera vez la convocatoria de solicitudes para su Aceleradora de Innovación Sostenible, un programa global que destinará 100 millones de euros en cinco años para impulsar soluciones que aceleren la transición hacia un futuro más sustentable en la industria de la belleza. El programa acelerador se centra en áreas clave: soluciones bajas en carbono y climáticamente inteligentes, soluciones de resiliencia hídrica, soluciones basadas en la naturaleza, ingredientes y materiales alternativos, eliminación del uso de plásticos fósiles y residuos plásticos, circularidad y gestión de recursos, y modelos de negocio sostenibles e inclusivos. Los seleccionados accederán a capacitación, mentoría y oportunidades de  inversión, con el apoyo del Institute for Sustainability Leadership de la Universidad de Cambridge. La convocatoria cierra el 30 de septiembre de 2025. Más información acá.
• EsencIA: el programa gratuito que capacita en Inteligencia Artificial a personas +50, llega a Argentina. Impulsado por Eidos Global con el apoyo de Google.org, se busca achicar la brecha digital y generar oportunidades de inclusión digital para personas mayores de 50 años. Asimismo, la iniciativa busca entrenar a formadores que repliquen el programa en sus propias comunidades democratizando el acceso a la utilización de IA. Las ediciones se dictarán mensualmente hasta diciembre de 2025, con posibilidad de extensión. Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción. Más información acá.

Hasta aquí llegamos hoy. Los leo en [email protected]

Hasta el martes,

Flor.