La mañana del 30 de agosto de 2022, Mirna Martínez, 44 años, operaria de la maquila APS El Salvador, llegó al trabajo con algo de esperanza. Ella y sus compañeras escucharon rumores de que ese día se pagarían los salarios pendientes. La empresa les debía casi tres quincenas. A media mañana, una supervisora reunió a los empleados para darles una noticia; pero no fue la que esperaban: “Tomen sus cosas y salgan, porque esto — la maquila — va a cerrar permanentemente hoy”, dijo la mujer.
Confundidas, Mirna y sus compañeras se apresuraron a Recursos Humanos para pedir explicaciones, pero todo el personal se había ido. “Estábamos abandonados”, recuerda Mirna. “Llorábamos y decíamos ‘¿qué vamos a comer?’, ‘¿quién nos va a responder?’”.
Semanas después, el Ministerio de Trabajo de El Salvador determinó que APS quedó debiendo aproximadamente $2 millones por salarios no pagados, indemnizaciones y otras prestaciones a 831 empleados. Algunos, como Mirna, tenían más de 12 años de trabajo en la empresa.
La industria maquiladora es una de las principales fuentes de empleo en El Salvador, especialmente para mujeres. El país ofrece un trato preferencial para estas empresas, con la implementación de zonas francas donde gozan de exenciones de impuestos a las importaciones, ganancias y tasas municipales. Sin embargo, las maquilas han sido ampliamente cuestionadas por mantener condiciones precarias, brechas salariales e irrespeto a los derechos laborales.
Desde 2019, la industria textil salvadoreña ha atravesado bajas en sus ventas debido a variaciones en el comercio internacional agravadas por la pandemia de COVID-19, lo que ha repercutido en miles de trabajadores. De 2022 a septiembre de 2024, se reportaron 16.650 despidos en el sector de maquilas, según datos del Ministerio de Economía. El Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral reporta que en estos dos años, al menos ocho maquilas cesaron operaciones, en muchos casos, sin haber pagado prestaciones y salarios.
Tras el cierre inesperado de APS, Mirna y sus compañeras no se dieron por vencidas. Como parte de distintos sindicatos afiliados a la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) decidieron buscar apoyo de la organización y pelear por sus derechos laborales.
Las trabajadoras demandaron a la empresa ante el Ministerio de Trabajo y, durante semanas, se turnaron día y noche para vigilar las instalaciones de la maquila. Su objetivo era cuidar la maquinaria y los materiales hasta que las autoridades pudieran realizar un inventario de ellos. Sabían que, una vez finalizado el proceso, la subasta de estos bienes podría garantizarles parte de su indemnización.
“Vivimos muchas necesidades. No teníamos luz, no teníamos agua. Recogíamos el agua de lluvia para usarla. Al final, solo quedamos cinco compañeras; hasta los hombres se fueron. Pero nosotras sabíamos que teníamos que seguir luchando”, recuerda Mirna.
Tras varios días de silencio, la empresa respondió. Un bufete de abogados ofreció a los trabajadores un acuerdo conciliatorio por el 50% de las compensaciones adeudadas y como garantía ofrecieron la subasta de los bienes de la empresa. De acuerdo con FEASIES y dos trabajadoras despedidas, ex empleados administrativos de la maquila presionaron a los afectados para que aceptaran el ofrecimiento, ante el riesgo de perderlo todo si decidían lo contrario. Por eso, a pesar de no ser conveniente, la decisión fue firmar el acuerdo en colectivo para agilizar el proceso.
Sin embargo, la firma del acuerdo no garantizó para los trabajadores una solución inmediata, pues el proceso se ha alargado por varios años, como ha ocurrido con otros casos similares, señala Walter Catota, de FEASIES. Por otro lado, la garantía de la empresa para cancelar las compensaciones es insuficiente, pues la subasta de los bienes no llegará a cubrir el monto total adeudado.
El Ministerio de Trabajo indicó a las trabajadoras que su capacidad de resolución es limitada, pues solo puede mediar entre las empresas y los trabajadores, teniendo que aceptar lo que las primeras puedan ofrecer.
Trabajadores despedidos por APS negocian con abogados representantes de la empresa.
Una nueva estrategia
Ante la inacción del Ministerio de Trabajo y el sistema de justicia laboral, las trabajadoras y Feasies decidieron llevar el caso a la esfera internacional. Presentaron una queja ante el Workers Right Consortium (WRC), una organización independiente que vela por los derechos de los trabajadores, especialmente aquellos empleados de la industria textil que fabrican prendas vendidas en Estados Unidos bajo marcas de universidades.
El WRC hizo una investigación sobre APS, y encontró que, en los meses previos al cierre de la fábrica, la maquila produjo ropa para varias marcas norteamericanas, entre ellas Hanesbrands International (por su marca Champion) (“Hanesbrands”), Gildan Activewear (“Gildan”), Kellwood Company (“Kellwood”) y Specialized Bicycle Components (“Specialized”). Algunas de estas marcas habían hecho pedidos directamente a la fábrica, mientras que otras compraban a través de agentes de compra. Este hallazgo fue importante para poder tocar la puerta de estas empresas.
Aunque dichas compañías no están vinculadas legalmente a APS, tanto para el WRC como para Feasies, estas empresas deben asumir responsabilidad sobre las condiciones laborales de las trabajadoras que confeccionan sus artículos. La economista Julia Evelyn Martínez coincide con esta perspectiva: “Las marcas son las principales responsables de crear un sistema desigual. Saben por qué parten la cadena productiva y por qué ciertos eslabones están en tal país o en otro. De esta manera reducen costos al mínimo y se saltan requerimientos ambientales y derechos laborales”, explica.
En un inicio las marcas se negaron a pagar las compensaciones, pero las trabajadoras comenzaron a recopilar testimonios sobre las condiciones laborales de la maquila y difundirlos. “Teníamos compañeras con enfermedades crónicas, con embarazos, compañeras con 18 años de trabajar ahí. Todas trabajando con carencias, en lugares encerrados, sin acceso a agua pura de calidad, durante jornadas extenuantes. Hacíamos publicaciones y se las enviamos a la marca para poner más presión”, explica Walter Catota de FEASIES.
La estrategia dio resultados. Las marcas Kellwood y el agente de compras Alwants y Gildan pagaron, en total, $1.34 millones de dólares de la compensación. Estas contribuciones se distribuyeron entre todos los afectados, con la asistencia de los sindicatos y la organización feminista Ormusa. Los fondos representan el 67% de la compensación legalmente debida a los trabajadores al momento del cierre de la fábrica.
El WRC y FEASIES continúan la campaña para que las marcas Hanesbrands y Specialized Bicycle Components respondan con el 33% restante. Sin embargo, hasta la fecha, la primera marca hizo solo un “ofrecimiento simbólico” con respecto al monto adeudado. “El monto era muy bajo, así que nos negamos a aceptar y continuamos en la campaña internacional”, señala Catota.
Mientras, el proceso de justicia laboral en El Salvador continúa avanzando a paso lento.
Un nuevo cierre
El 29 de mayo de 2023, FEASIES recibió aviso de un nuevo cierre de maquila. La empresa Style Avenue, que operaba en la zona franca de San Bartolo, al este de la capital salvadoreña, cerró tras varios meses de reducción de la actividad laboral e incumplimientos de salarios con las trabajadoras.
“Desde febrero no había luz, no había agua, no había salarios, no había trabajo. Llegábamos a cuidar las máquinas. Mucha gente comenzó a irse, pero nosotras nos quedamos. Era angustiante porque las dueñas alegaban que quienes no se presentaran a trabajar caían en abandono de trabajo y eran despedidos con esa excusa. Al final, un lunes llegamos y todo estaba cerrado”, explica Elvia Zelaya, quien tenía 11 años de trabajo en la empresa.
De acuerdo con los cálculos registrados por el Ministerio de Trabajo, en este caso, Style Avenue dejó de pagar un total de $1.8 millones a 244 trabajadores.
FEASIES retomó el caso y junto a tres sindicatos impulsaron una nueva demanda ante el ministerio y también una queja ante el WRC. La organización encontró que, durante los últimos 10 años, Style Avenue dedicó su producción casi exclusivamente a la marca Outerstuff. La compañía utilizó la fábrica de Style Avenue para producir artículos bajo licencias de universidades estadounidenses, Disney, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).
Con la experiencia de APS en mente, los sindicatos lideraron una campaña internacional logrando que Outerstuff pagara el 100% del dinero adeudado. El monto se distribuyó en enero de 2025 a todos los trabajadores afectados. Por otro lado, el proceso judicial en El Salvador aún no se ha resuelto.
Impuestos para las trabajadoras, pero no para las empresas
En junio de 2024, las trabajadoras de APS y Style Avenue, en conjunto, solicitaron a la Asamblea Legislativa de El Salvador la exoneración de impuestos a las transacciones internacionales para el pago de sus indemnizaciones. De otra manera, tendrían que pagar el 10% del dinero recibido en concepto de impuesto sobre la renta. La diputada de oposición, Claudia Ortiz, fue la única legisladora que aceptó recibir la pieza de correspondencia, pero al presentarla al pleno legislativo fue desechada sin siquiera ser tomada en cuenta.
“Al final, las trabajadoras estamos solas, el Gobierno beneficia a las empresas y ellas se benefician del trabajo de nosotras, pero si nosotros no exigimos nuestros derechos, nadie nos los va a cumplir”, dice Mirna.
Para las mujeres que participaron de la lucha, la organización sindical fue clave para lograr impulsar la lucha por sus derechos. “En las empresas existe miedo al sindicato. Porque se cree que no trabajan, que son problemáticos. Pero no hay una ley para que el empleador pague los derechos a sus trabajadores. El trabajador tiene que andar presionando. Y si no se organiza, pierde su dinero”, señala Elvia.
*nota desarrollada en el marco de la iniciativa «Cómo contar la desigualdad fiscal en Centroamérica», una propuesta de Oxfam y Otra Economía