Para quienes trabajamos desde hace años en el estudio y la promoción de la responsabilidad social empresaria (RSE) y el desarrollo sostenible, resulta sorprendente tener que volver a dar debates que, a esta altura del siglo XXI, creíamos ya saldados.

Defender la importancia de que las empresas integren estrategias ESG —que abarcan criterios ambientales, sociales y de gobernanza— en su estrategia de negocios, no responde a una postura ideológica ni a un alineamiento político, sino a una convicción sustentada en la evidencia. En un mundo atravesado por desafíos cada vez más complejos, incorporar estos enfoques no es un lujo ni una moda: es una condición necesaria para la sostenibilidad de los negocios.

Esta visión no surge sólo del análisis de casos de éxito empresarial, sino también de numerosas investigaciones de mercado, estudios de reputación corporativa y encuestas de opinión pública. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a la capacidad de una empresa para crecer, generar valor y mantenerse rentable en el tiempo. Y esto sólo es posible si esa rentabilidad está acompañada por un compromiso real con el cuidado ambiental y la inclusión social. Un negocio será verdaderamente sostenible sólo si lo es en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental.

Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de un proceso de creciente politización de la agenda del desarrollo sostenible. Algunos sectores —como ya lo hiciera Milton Friedman hace medio siglo al descalificar la RSE— vuelven a acusarla anacrónicamente de ser una expresión del “comunismo”. Y lo que antes eran críticas marginales, hoy comienzan a tener impacto concreto: incluso las propias empresas empiezan a sentirse condicionadas por este clima de sospecha y polarización.

Esto llevó incluso al CEO de BlackRock, el norteamericano Larry Fink, una de las voces empresariales más influyentes en la promoción de las finanzas sostenibles, a dejar de hablar de los temas ESG en 2024. Desde el año 2018, en sus famosas Cartas Anuales a los accionistas, Fink insistía en que las empresas debían tener un propósito social claro y que el cambio climático representaba un riesgo financiero sistémico. Profundizó este enfoque en 2020 y 2021, cuando anunció que BlackRock comenzaría a integrar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en todas sus decisiones de inversión y a usar su poder accionario para impulsar prácticas responsables. Sin embargo, a medida que el concepto de ESG comenzó a ser objeto de las crecientes controversias políticas, especialmente en Estados Unidos, Fink adoptó un enfoque más cauteloso. En su carta de 2023, afirmó: “Ya ni siquiera uso el término ESG”, y aclaró que el interés de BlackRock en estos temas responde a su impacto financiero, no a una postura ideológica.

Pero no fue solo la agenda climática la que fue víctima de los ataques de los negacionistas. Tanto en Estados Unidos como en Argentina, también las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) han sido blanco de ataques por parte de líderes que acusan a esta agenda de promover una ideología contraria a los principios de mérito, eficiencia y neutralidad institucional. Donald Trump y Javier Milei encabezan esta ofensiva desde discursos que rechazan abiertamente lo que denominan “ideología woke”.

El presidente estadounidense ha intensificado su cruzada contra la agenda DEI desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, eliminando normativas que promovían la diversidad en las contrataciones federales y prohibiendo que los contratistas del gobierno implementen programas DEI. Además, ordenó a las agencias federales que identifiquen empresas privadas que apliquen estas prácticas, con la amenaza de abrir investigaciones y aplicar sanciones. También, se ha dispuesto el cierre de oficinas y la desvinculación del personal dedicado a estas políticas dentro del Estado.

El presidente argentino adoptó una línea similar desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como otros organismos y programas vinculados a políticas de inclusión.

Ambos mandatarios coinciden en una visión crítica de esta agenda a la que acusan de imponer criterios ideológicos en el ámbito público y privado. Su accionar refleja una tendencia global que busca revertir avances en materia de inclusión y diversidad.

Lejos de ser una imposición ideológica, la agenda DEI representa una verdadera oportunidad para generar valor compartido. Su implementación no solo beneficia a las y los trabajadores y a la comunidad, sino también a la propia empresa. La diversidad genera mayor confianza en la comunidad, mejora la convivencia interna y el clima laboral, estimula la creatividad y la innovación al incorporar miradas y habilidades diferentes, y fortalece la imagen y la reputación corporativa. Además, permite acceder a un universo más amplio de talentos y favorece su retención, al tiempo que mejora los vínculos y la comunicación con clientes, proveedores y otros grupos de interés y mejora la performance y los resultados económico- financieros. Se trata, en definitiva, de una estrategia que genera beneficios múltiples: un verdadero “ganar- ganar” para todos los actores involucrados.

De acuerdo a un estudio de la consultora McKinsey (2020), las empresas inclusivas tienen 1,7 veces más probabilidades de ser innovadoras y están 1,8 veces más preparadas para los cambios. Incluso, un reciente informe de la Fundación Randstad y el Instituto de Innovación Social de Esade, señala que las compañías que realizan una gestión inclusiva de la discapacidad tienen un 28% más de beneficios.

En ese sentido, a fines de febrero de este año, los inversionistas de Apple rechazaron una propuesta de accionistas externos para poner fin a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La propuesta de dar por concluida la agenda DEI en la compañía tecnológica se produjo después de que muchas empresas, incluidas Meta, Microsoft y Google de Alphabet, comenzaron a eliminar dichos programas, pero el 97% de los accionistas de Apple votaron por su continuidad.

Esa misma semana de febrero, el gigante de Wall Street, Morgan Stanley, publicó su último informe anual, donde atenuó su énfasis en la diversidad, señalando una recalibración. El informe omitió la declaración pasada del banco de que «una fuerza de trabajo diversa e inclusiva es importante para el éxito continuo de Morgan Stanley.»

En los últimos años, Morgan Stanley había adoptado un compromiso firme con la agenda DEI, impulsado en parte por el contexto global tras el asesinato de George Floyd en 2020. La empresa implementó programas, fijó objetivos concretos, contrató consultores y comunicó con fuerza su enfoque. Sin embargo, actualmente se enfrenta a demandas legales, quejas internas y una revisión a fondo de su estrategia. El resultado: nadie está satisfecho. El enfoque inicial, bienintencionado pero mal ejecutado, dejó en evidencia problemas estructurales, como diferencias salariales, falta de integración real y una cultura corporativa que no estaba lista para sostener los cambios.

Morgan Stanley no es la única empresa norteamericana en esta situación. Muchas compañías enfrentan hoy el dilema de comunicar o no sus políticas DEI por temor a la crítica. Pero evitar la comunicación puede ser igual o más dañino: la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace erosiona la credibilidad y la reputación corporativa.

La lección de fondo es clara: la agenda DEI no puede ser una respuesta apresurada a las presiones sociales. Requiere compromiso genuino, planificación a largo plazo, integración real con el negocio y una comunicación transparente. Solo así podrá convertirse en una verdadera ventaja competitiva y no en una fuente de conflicto.

En Argentina, el contexto en este 2025 no es muy diferente. Las empresas también enfrentan un panorama complejo respecto a la agenda DEI. Por un lado, se observa un compromiso creciente del sector privado con estas políticas, pero por otro, un contexto político que, como dijimos, cuestiona y desmantela iniciativas estatales en la materia.​

Una propuesta innovadora para destacar en este camino fue el Programa implementado en 2023, desde el Cenarsecs (FCE-UBA), denominado «Empresas Inclusivas”, mediante el cual fueron capacitadas unas 25 PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires, pioneras en la temática DEI, a partir de un Convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo estuvo dirigido a empresas radicadas en los Distritos Económicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y focalizado en la participación de las personas en posiciones ejecutivas y mandos medios responsables de las áreas pertinentes.

Actualmente, según una encuesta de Aon, el 40,9% de las empresas en Argentina ya implementan estrategias de DEI, y el 91,6% cuenta con áreas dedicadas exclusivamente a estas políticas. Los principales objetivos incluyen la atracción y retención de talento, cumplimiento de estándares globales, políticas ESG y mejora de la reputación externa.​

En un contexto de creciente polarización, reafirmar el compromiso con la agenda DEI no es solo una cuestión ética, sino una estrategia inteligente de negocio. Las empresas que logren sostener este enfoque con convicción, coherencia y liderazgo estarán mejor preparadas para afrontar los desafíos del presente y construir un futuro más justo, innovador y sostenible.

* El autor es director del Centro de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social (FCE-UBA)