En 2017, la Organización de Naciones Unidas designó al 27 de junio como el Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Esta iniciativa fue producto de la 61ª Conferencia del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICSB), a petición de la representación argentina. Actualmente estamos atravesando un momento muy complejo y desafiante para los negocios en nuestro país, particularmente para el sector Pyme, que es quien está sufriendo con más fuerza el derrumbe de la economía.

En Argentina, entre enero y marzo de este año, las empresas de menos de 50 empleados tuvieron una caída en las ventas cercana al 23%. El ajuste fiscal, la devaluación del peso que encareció los insumos importados, la falta de crédito, la suba de las tarifas y los costos fijos, una inflación del 65% en los primeros cuatro meses del año y la caída del consumo producto de un menor poder adquisitivo de los consumidores, ha sido una combinación letal para las Pymes, que siguen haciendo un esfuerzo enorme para mantenerse a flote y no despedir personal.

Actualmente, existen en nuestro país alrededor de 500.000 empresas registradas, de las cuales el 98% tienen menos de un centenar empleados. Estas Pymes con menos de cien empleados cada una, generan, aproximadamente, el 60% del empleo privado formal, el 45% de las ventas totales del país y produce el 60 % del valor agregado de la economía argentina.

Asimismo, otra característica de nuestras Pymes es que la mayoría de ellas son jóvenes, están conducidas por sus fundadores y, por lo general, son propiedad de las familias, que también las gestionan y trabajan en ellas.

En su gran mayoría están orientadas a satisfacer las demandas del mercado interno: mientras que, en Italia o España, entre el 40% y el 60% de las exportaciones son originadas por PyMEs, en Argentina sólo un 10%. En parte, es por ello por lo que también están mucho más expuestas a los vaivenes de nuestra coyuntura económica y, en consecuencia, las crisis recurrentes de nuestro país las impactan mucho más.

Las PyMEs son, en todo el mundo, los actores protagónicos para el desempeño de cualquier economía por su papel de generadoras de valor agregado y de empleo, favoreciendo, al mismo tiempo, una más equitativa distribución del ingreso. Incluso, refutando algunos prejuicios sobre este tipo de empresas, es justamente en los países de más altos ingresos donde las Pymes tienen mayor relevancia.

Es por esto que, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, además de valorar muy positivamente el aporte que estas empresas hacen al impulso y logro de estas metas, también promueve un conjunto de políticas públicas necesarias para la promoción y desarrollo de las PyMEs.

Estas políticas pasan por “aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas a los servicios financieros y cadenas de valor” (meta 9.3 de los ODS) y “promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, la iniciativa empresarial, la creatividad y la innovación, y propiciar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, inclusive a través de su acceso a servicios financieros” (meta 8.3).

Las políticas públicas de apoyo a las Pymes, suelen incluir, por ejemplo, acciones que faciliten el acceso al financiamiento, como pueden ser microcréditos y subsidios, o las famosas Garantías de Crédito, que en nuestro país se otorgan a través de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), que permiten reducir el riesgo para los bancos y otras instituciones financieras en el otorgamiento de préstamos a pymes.

De igual manera, otra política usual son las incubadoras, o centros de desarrollo para emprendedores, que en Argentina fueron históricamente impulsados por los gobiernos nacionales o locales, las universidades y cámaras empresarias, para brindar asesoramiento personalizado y asistencia técnica a las Pymes.

Otras herramientas importantes han sido los incentivos fiscales para inversión en investigación y desarrollo y los programas de internacionalización para facilitar a las Pymes su expansión los mercados internacionales, mediante la organización de ferias y misiones comerciales y el establecimiento de oficinas de fomento en el exterior.

El famoso “compre nacional” ha sido también un poderoso incentivo para las Pymes locales, tanto sea por medio de cupos en los contratos de compras públicas exclusivamente para Pymes, como también facilitando su inserción en las cadenas de valor globales. La falta de este incentivo ha sido precisamente uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, inserto en la “Ley Bases”.

En este punto es importante destacar el rol que el Estado debe asumir en la promoción de las Pymes. No sólo debe actuar como solucionador de fallos de mercado, sino que también debe actuar como emprendedor y creador de mercados y generar las condiciones que favorezcan el denominado ecosistema emprendedor.

De todas formas, es importante mencionar que una de las características en común que tienen nuestros empresarios Pymes es, sin dudas, la resiliencia. Esa capacidad que tienen nuestros emprendedores de sobreponerse a los momentos críticos, al fracaso, adaptarse, recuperarse y volver a emprender. Y esa resiliencia está estrechamente vinculada a una apuesta permanente por el país, a pesar de todo y de todos.

* Julián D’Angelo es director  del Centro de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social (FCE-UBA)