Se necesita un cambio global para otorgarle el verdadero valor que tiene la naturaleza e impulsar cambios de comportamiento en las personas y las instituciones. El desarrollo económico mundial se encuentra fuertemente vinculado al valor de la biodiversidad.

Biofin apoya el desarrollo y la implementación de planes nacionales de financiación de la biodiversidad. Plantea un modelo de financiamiento que involucra a los sectores público y privado. ¿Cuál es el objetivo? Avanzar en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De hecho, en un informe de Biofin, Revisión de Política e Institucional (PIR), un grupo de especialistas explicaron cómo el estado de la naturaleza se relaciona con los aspectos fiscales, económicos, legales, normativos e institucionales de Argentina.

“Necesitamos un cambio global urgente en el paradigma económico. Lamentablemente, aún la economía no está contemplando la biodiversidad adecuadamente. Sin embargo, se están realizando cada vez más esfuerzos en este sentido. Un ejemplo es el del informe de La riqueza cambiante de las naciones del Banco Mundial (2021), donde se amplía el concepto de riqueza de los países incorporando el conjunto de activos naturales y humanos, que se convierten en valores monetarios. Otro de los antecedentes es el Informe The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review (2021), que sugiere que las naciones necesitan adoptar un sistema de cuentas económicas que registre una medida ¨inclusiva¨ o ¨integral¨ de su riqueza”, afirma Nicolás Xanthopoulos, coordinador nacional de la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (Biofin).

Desde BIOFIN afirman que para satisfacer las necesidades de financiamiento hacia la protección de la naturaleza se requiere la participación de una gran diversidad de actores. Comentan que, actualmente, el sector público es el principal aportante de recursos a nivel global. A pesar de los esfuerzos realizados, existe una significativa brecha de financiamiento para cubrir las demandas actuales. Si se analiza en términos relativos, estas necesidades representan un porcentaje muy bajo del producto bruto mundial.

BIOFIN  se plantea tres metas: La primera tiene que ver con el involucramiento del sector privado, especialmente de las empresas transnacionales e instituciones financieras. Su participación puede contribuir significativamente a cerrar la brecha de financiamiento y a implementar prácticas más sostenibles que aseguren la preservación de los ecosistemas y sus servicios esenciales. La segunda meta plantea que para el 2030, es fundamental redirigir progresivamente al menos 500.000 millones de dólares de subsidios negativos hacia iniciativas que promuevan la conservación y protección de la biodiversidad. La tercera meta pretende movilizar 20.000 millones de dólares anuales, provenientes de fondos tanto públicos como privados, para el año 2025, y aumentar esta cifra a 30.000 millones de dólares anuales para el año 2030. Esto resultaría en un total acumulado de al menos 200.000 millones de dólares para el año 2030.

El caso argentino

En Argentina existen al menos 554 áreas protegidas registradas que integran el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Estas áreas cubren una superficie de 44.974.504 hectáreas continentales, representando el 16,17% del territorio, y una superficie de 16.464.909 hectáreas marítimas, esto quiere decir el 7,05% de la plataforma submarina. Ahora bien… la gran pregunta es: ¿Se está invirtiendo adecuadamente en la protección de los ecosistemas y los servicios que estos proporcionan, los cuales son esenciales para la vida?

La estimación de Biofin concluyó que los servicios ecosistémicos de las superficies protegidas de la jurisdicción nacional representan casi 24.000 millones de dólares anuales (específicamente unos USD 23.933.300.386), lo que equivaldría a 3,8% del PBI de 2022, que no estarían siendo contemplados por el sistema de cuentas nacionales, ni tampoco estarían siendo monetizados de manera alguna.

Basado en una metodología probada en más de 40 países y con más de 12 años de experiencia, BIOFIN, junto con la colaboración de autoridades, llevó a cabo un ejercicio de estimación de gastos e inversiones en favor de la biodiversidad desde 2014 hasta 2021 en las provincias de Chaco y Misiones.

¿Qué resultados encontraron? Se estima que los gastos e inversiones anuales promedio del gobierno nacional durante los períodos analizados alcanzaron los 137.3 millones de dólares, lo que representa el 0.11% del presupuesto total y el 0.03% del promedio del Producto Interno Bruto (PIB) durante el período analizado. En resúmen, esto quiere decir que la inversión en uso sostenible y en economía verde es proporcionalmente baja en Argentina.

“Al margen del rico debate en torno a las cuentas nacionales, cada vez existen más instrumentos financieros innovadores de pagos por servicios ecosistémicos (PES) que valoran los servicios de activos naturales, logrando que de esa manera tengamos cada vez más incentivos a protegerlos y conservarlos. Algunos ejemplos son los ya conocidos bonos de carbono, pero también comienzan a afianzarse los créditos de biodiversidad, entre muchos otros. ¿Seguiríamos incentivando prácticas productivas extractivas insostenibles si pudiéramos valorar adecuadamente y obtener recursos de los servicios ecosistémicos que nos brindan?”, concluye Xanthopoulos.