En 2007, la película mexicana “La zona” narraba las diferencias que existían entre los vecinos de una urbanización cerrada, acomodada y estrictamente vigilada, y los del barrio popular que la rodeaba. La trama de suspenso se resolvía con enfrentamientos armados y muertes en ambos bandos. 

Sin llegar a la espectacularidad que el cine suele poner a los temas, la desigualdad en el reparto de las riquezas y en el acceso a la vivienda genera postales como las que describe el film de Rodrigo Plá. Conviven en una misma ciudad, e incluso en una misma zona, barrios de emergencia con residencias de familias de buen pasar económico. 

Según los especialistas consultados por Otra Economía estas diferencias, lejos de disminuir, tienden a acrecentarse y las soluciones posibles no pasan por iniciativas individuales, sino que requieren de la acción conjunta de las familias involucradas, organizaciones del tercer sector y los gobiernos locales. 

El déficit en números 

A la hora de cuantificar el fenómeno, las cifras hablan por sí mismas. En un análisis de 2022 para el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el especialista en desarrollo urbano Pablo López estimaba que de los aproximadamente 600 millones de habitantes residentes en América Latina y el Caribe, alrededor de 120 millones viven en asentamientos, con viviendas inadecuadas e informales: un promedio de 23 personas por cada 100. El especialista citaba un Reporte de Economía y Desarrollo del 2017 de CAF que precisaba que, si los hogares latinoamericanos destinasen el 30% de sus ingresos al rubro vivienda, necesitarían más de 30 años de ahorros para adquirir una vivienda de 60 metros cuadrados.

Desde la organización Hábitat para la Humanidad complementan con datos de 2023 de ONU Hábitat: a nivel global 2.800 millones de personas enfrentan algún tipo de déficit de vivienda, de los cuales, 1.100 millones residen en barrios marginales y asentamientos informales. La misma organización apunta que para el 2025, otros 1.000 millones de hogares nuevos se van a necesitar para la población, estos con un costo aproximado de US$ 650.000 millones por año.

“Si dirigimos la atención a nuestra región, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que en Latinoamérica y el Caribe, el 45% de la población carece de una vivienda segura”, precisa María Teresa Morales, directora de Operaciones para América Latina y el Caribe de Hábitat por la Humanidad. “Estas familias residen en viviendas construidas con materiales precarios, poco resistentes al cambio climático y carentes de servicios básicos. Muchas con pisos de tierra y ubicadas en terrenos que no son de su propiedad o están en zonas vulnerables”, apunta. 

Para describir a quienes son los latinoamericanos afectados por esa desigualdad en el acceso a la vivienda, Morales precisa: “la actual crisis de vivienda afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, incluidas mujeres, migrantes, grupos étnicos, jóvenes y adultos mayores, quienes sufren diariamente los efectos negativos de no tener una vivienda segura reflejado en su salud, seguridad y calidad de vida”.

Pero agrega que un problema que se suma en el subcontinente es que se trata de la segunda región más propensa a desastres en el mundo (detrás de Asia). “Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, entre 2020 y 2022, la región experimentó 175 desastres”, sintetiza la experta aludiendo a episodios como inundaciones, huracanes y tormentas, terremotos, sequías, aludes, incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos.

Para describir la diferencia que hay en el subcontinente americano, el director ejecutivo de TECHO – Argentina Juan Maquieyra recurre a algunos números de Oxfam: “El 10% más rico de la población en América Latina concentra el 68% de la riqueza total y el 50% más pobre sólo accede al 3,5% de la riqueza total”. Según la misma fuente, de mantenerse la tendencia actual, el 1% más rico tendrá más riqueza que el 99% de la población a principios de la próxima década. 

Maquieyra traslada, también con datos, esa diferencia al ámbito de la vivienda: según ONU Hábitat, 95,5 millones de personas vivían en asentamientos populares en América Latina en 2022.

Según el activista, los asentamientos populares representan la manifestación extrema de la desigualdad y la pobreza en las ciudades de América Latina. “Estas comunidades carecen de acceso a servicios y oportunidades básicas, lo que los obliga a residir en zonas de riesgo o sin infraestructura adecuada. Estos segmentos de la población experimentan con mayor intensidad las principales problemáticas latinoamericanas, como la inseguridad, la precariedad laboral y la vulnerabilidad ambiental. Por ello, los asentamientos se consideran el epicentro de los desafíos del desarrollo urbano sostenible”.

Sin espacio, sin servicios

A la hora de describir los problemas de vivienda que enfrentan los latinoamericanos, Morales los engloba en que son instalaciones que no cumplen con los estándares mínimos necesarios para garantizar una vida digna y segura para las familias. Luego, apunta que el déficit habitacional se clasifica en dos categorías: cuantitativo y cualitativo.

El cuantitativo mide la discrepancia entre la demanda de vivienda y la oferta disponible en términos de cantidad, o sea, compara el número de familias que necesitan vivienda con el número de viviendas disponibles. “El Banco Interamericano de Desarrollo explica que este déficit se mide a partir de dos condiciones: que el número de familias que comparten el mismo techo y comparten las facilidades de preparación de las comidas, sea superior a una; que haya familias que habitan viviendas que no pueden ser mejoradas dada la baja calidad de los materiales constructivos”.

En cuanto al déficit cualitativo de vivienda, mide la falta de calidad de las casas ya construidas, es decir, que los lugares donde viven las familias no cumplen con ciertos estándares mínimos de habitabilidad. “Presentan una variedad de deficiencias, que incluyen, entre otras, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y transporte, estar sobre pisos de tierra, tener la presencia de materiales de construcción precarios o insalubres, la ausencia de seguridad estructural, estar ubicadas en áreas propensas a desastres naturales, y la falta de legalidad en términos de propiedad o tenencia de la vivienda”, enumera Morales. 

En primera persona, Terezinha dos Reis, una líder comunitaria del barrio Jardim Itatiaia, en Campinas, Estado de San Pablo, en Brasil, cuenta cómo era la zona antes de recibir la ayuda de TECHO: “Mi comunidad es un barrio muy vulnerable debido a la situación financiera de las personas. Cuando llueve, salgo con un paraguas para ver cómo están los vecinos. En una oportunidad, me contaron que se cayó un techo, y corrimos para trasladar las cosas de una casa a la otra”. 

La referente comunitaria cuenta que son unas 80 familias en el barrio. “Yo vivía en una casa de placas de madera de 4×4 con un baño, que estaba en un barranco y recibía el agua cuando llovía. Entonces las maderas no aguantaban. Siempre estaba mojado y sucio porque la madera nunca terminaba de secarse”, agrega. 

Otro caso es el del barrio Los Ceibos, de La Matanza (en el área metropolitana de Buenos Aires). “Allí, los vecinos recibían agua a través de mangueras. La luz llega por un sistema prepago que resulta mucho más costoso que el servicio medido y el gas por garrafas, lo cual también cuesta más”, sintetiza Juan Juri, vocero de la filial argentina de Hábitat. Además, el referente apunta que en Argentina una de cada tres familias tiene un déficit habitacional.

Desde la Fundación Temas, Paz Ochoteco integra la Mesa Técnica por Obras en la Villa 21-24, de la Ciudad de Buenos Aires, que se constituyó para llevar saneamiento al barrio durante la pandemia de Covid 19. “Las deficiencias habitacionales en el barrio son múltiples y diversas, desde cuestiones que tienen que ver con la falta de ordenamiento territorial, insuficiente infraestructura, hasta las de características de las viviendas con deficiencias constructivas y limitación de espacio”, explica. 

“Lo que más nos preocupa actualmente es que desde diciembre están frenadas las obras de agua, cloacas y pluviales que se estaban realizando a partir de un convenio de Aysa y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar servicios al 50 % del territorio del barrio”, apunta la especialista que trabaja en la zona hace 22 años. 

En busca de soluciones 

Desde la CAF, Pablo López describe el rol del Estado para nivelar el acceso a la vivienda. “Las políticas de vivienda en la región han cubierto un espectro amplio que va desde el rol del Estado como constructor y generador de nueva oferta de vivienda hacia uno de facilitador de los mercados. Sin un mercado sostenible de financiamiento, los hogares de ingresos medios y medio-bajos son excluidos del acceso a la vivienda”, señala. 

Luego, explica otro mecanismo de acceso alternativo a la compra: el alquiler social, el cual, aclara que no ha sido desarrollado en todo su potencial en América Latina. El especialista precisa que Europa aplica distintos modelos donde el Estado otorga beneficios como créditos blandos, subsidios, exenciones impositivas, concesiones en superficies construidas a asociaciones y empresas privadas, con el compromiso de alquilar viviendas a valores por debajo del mercado para familias de bajos ingresos. 

Maquieyra sostiene que es fundamental que la solución a esta problemática traiga consigo una nueva forma de vinculación y articulación entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado, para hacer frente a la dimensión de la problemática. Y apunta que TECHO  construye viviendas de emergencia en toda América Latina desde hace más de 25 años. Precisa que estas soluciones habitacionales ofrecen la oportunidad de dejar de vivir en condiciones precarias en un plazo menor a cuatro días. 

“El Programa de construcción de viviendas de emergencia se implementa con las comunidades y el voluntariado en los barrios, con financiamiento de municipios, que buscan impulsar políticas públicas que den respuesta a la problemática habitacional o a catástrofes climáticas”, describen desde TECHO. 

“Después de que TECHO vino y nos ofreció hacer 40 casas, que luego fueron 50, mi casa quedó más alta y ya no se inunda”, cuenta Terezinha dos Reis, desde Campinas, Brasil”. Y agrega: “Algunas casas están más aireadas, ya que les hicieron ventanas. La mejora en la vivienda generó una mejora para la salud: está ventilado, seco, no hay bichos en el suelo y los chicos se pueden sentar”.

Desde Hábitat para la Humanidad América Latina, Morales apunta que la organización no gubernamental global trabaja desde 1976 y llegó a 70 países de todo el mundo, 18 de América Latina y el Caribe para lograr viviendas asequibles y seguras. “Desarrollamos nuestro trabajo desde cinco grandes áreas:  la habitabilidad por medio de la construcción y mejoramientos de viviendas de calidad, asequibles y resilientes a través de hipotecas con tasas de interés reducidas o subsidios;  el acceso a los servicios básicos como agua, saneamiento, y gestión de residuos; la incidencia en políticas relacionadas con vivienda, con el objetivo de eliminar las barreras legales existentes para que las familias tengan acceso a una vivienda digna de calidad; el fomento de oportunidades de financiamiento innovadoras para vivienda dirigido a familias con ingresos bajos que quedan excluidas del sector financiero formal y la asistencia, educación y capacitación a las comunidades vulnerables antes, durante y después de una emergencia, por medio de nuestras acciones y proyectos de análisis, prevención y respuesta a desastres”.

Desde la filial argentina de Hábitat, Juan Juri da ejemplos concretos: “Capacitamos a las familias para el arreglo de sus viviendas y, en algunos casos, les aportamos un set de baño, una ducha eléctrica, un tanque de agua, un lavamanos y en los casos en los cuales no tienen cloacas, les damos biodigestores que son bacterias que limpian las aguas negras”. 

En otros casos la solución es más integral y consiste en el diseño de la vivienda en función de las necesidades y las expectativas de la familia. Después de hacer la ficha técnica se les da el apoyo financiero en cuatro etapas durante las cuales hay capacitaciones obligatorias y deben cumplir para recibir los materiales que necesitan. 

Juri cuenta que uno de los emblemas de la acción de la organización es el edificio Estelas de Esperanza de alquiler social. “Está ubicado en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, y cuenta con nueve departamentos que se alquilan a familias que no podrían acceder a un alquiler. Tienen menos requisitos, son un poco más baratos, pero además cuentan con un acompañamiento de capacitación para el emprendedurismo o la empleabilidad, y para la vida en comunidad: el cuidado de espacios comunes, el pago de expensas”, describe.

María Mercedes Di Virgilio, investigadora principal del Conicet y doctora en Ciencias Sociales apunta que en América Latina el mercado provee viviendas para el sector que puede pagarlas. “No necesariamente satisface la demanda de los sectores de menores ingresos”, puntualiza. 

La investigadora considera que sin políticas habitacionales integrales no hay forma de reducir el déficit habitacional. Su análisis introduce algunas de las iniciativas más relevantes en la región, que provienen del tercer sector. “Hay experiencias interesantes como el alquiler tutelado de Hábitat para la Humanidad Argentina, las viviendas de emergencia de TECHO o las experiencias cooperativas del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires pero el gran problema es la escala de esas iniciativas. Sin un estado que las apalanque y las impulse no hay forma de escalarlas”, concluye.