Como respuesta a la vulneración de derechos y la falta de políticas públicas adecuadas, distintas comunidades de Latinoamérica se organizan para enfrentar una de las necesidades más básicas y urgentes: la alimentación. En la mayoría de los barrios populares las responsables de garantizar el acceso a este derecho son mujeres, que cocinan para sus vecinos y vecinas.

Para comprender las múltiples desigualdades que viven las mujeres de la economía popular al mando de las ollas comunitarias, hay que comenzar por entender la  “triple jornada”. La doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora de CONICET Verónica Gago explica el concepto: “La triple jornada en las mujeres hace referencia al trabajo doméstico dentro de los hogares, al trabajo remunerado fuera de los hogares y al trabajo comunitario”. Y agrega: “ En contextos de crisis económica, son las trabajadoras de la economía popular las más afectadas porque son las que están obligadas a poner más trabajo no remunerado de su parte para poder enfrentar la crisis alimentaria en los barrios”.

Por ejemplo, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se planteó desde distintas organizaciones sociales de la Argentina, la necesidad de declarar la emergencia alimentaria y el pedido de una ley de emergencia y soberanía alimentaria.  “Sin ellas no estaría comiendo buena parte de nuestro país. Hay unas 10 millones de personas que hoy comen en los comedores populares, según datos de La Poderosa. Y lo logran gracias a un enorme trabajo gratuito, militante y comprometido”, expresa Gago.

Sobre el rol de las mujeres de la economía popular en Latinoamérica, en el libro “Economías Populares, una cartografía crítica latinoamericana”, escrito en conjunto por Verónica Gago, Cristina Cielo y Nico Tassi, y editado por CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) se analiza: “En nuestros países latinoamericanos, ser considerada mujer y pertenecer a sectores populares se vincula, casi ineludiblemente, con ser trabajadora del hogar, sin remuneración, la gran mayoría de las veces. Sin embargo, el trabajo remunerado del hogar también se ha constituido históricamente como espacio destinado a ciertos cuerpos racializados, generizados y empobrecidos”.

La lucha de las cocineras argentinas por el reconocimiento

En Argentina, siete de cada 10 niños y niñas experimentan carencias de carácter monetario que los privan de alguno de sus derechos básicos, según indica UNICEF en el último informe presentado sobre el mapa de la pobreza en el país. Allí, se determinó que son siete millones de chicos los que viven en la pobreza y unos dos millones en la indigencia.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre del 2023, el recorte en medidas y planes sociales que contenían de alguna manera la inflación en alza, se cortaron radicalmente. En paralelo, en tan solo dos meses la inflación trepó al 25,5% en diciembre y al 20,6% en enero, provocando que los alimentos sean cada vez más caros y la necesidad de acudir a ollas populares sea más inmediata. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina estimó que la pobreza se multiplicó en ese mismo período hasta alcanzar al 57,4 % de la población.

La Poderosa, una de las organizaciones sociales con mayor presencia en las distintas provincias argentinas y en el resto de la región, cuenta en la actualidad con 150 comedores en territorio argentino, donde se entregan 44.000 raciones diarias. Allí, trabajan 1.700 cocineras comunitarias, en jornadas de 6 a 8 horas. A su vez, se estima que contribuyen con unos 45.000 espacios que brindan asistencia alimentaria a 10 millones de personas.

En el barrio popular de Fátima, ubicado en la zona Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, funcionan cuatro ollas populares, comandadas por Mónica Troncoso. Allí, se reparten unas 390 raciones diarias. “Le decimos olla popular porque responde a un trabajo autogestivo y casi sin participación del Estado. Acá, se cocina con lo que se recibe a través de donaciones, articulación con otras organizaciones sociales, venta de rifas o entradas a festivales donde muchas veces participan diversos artistas del país en apoyo”, cuenta Mónica. Las mujeres planifican semana a semana qué alimentos conseguir, qué se necesitan para cocinarlos, cómo acceder a ellos y a la distribución en raciones de la mejor forma posible. “Son horas y horas de trabajo y gestión”, agrega la referente comunitaria.

Desde diciembre del año pasado, las pequeñas partidas que se entregaban a La Poderosa para sostener los espacios alimentarios se suspendieron. “Compañeras de otras provincias y de diversas organizaciones nos contaban que muchos tuvieron que dejar de funcionar, ya que dependían 100 % de la ayuda estatal”, agrega Mónica.  

Desde La Poderosa, dicen que tienen convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 150 raciones diarias de mercadería para el comedor y merendero, pero no alcanza: en un día entregan 390 raciones. “El resto lo conseguimos a través de donaciones y militancia”, expresan.

Asimismo, Mónica cuenta que en los últimos meses quedó encargada de la gestión de recursos y la comunicación directa con los funcionarios. “Ya no me dejan ir a cocinar tanto, me dicen que sirvo más para buscar los insumos que para estar revolviendo la olla. Por eso, enseñé a otras compañeras a gestionar la olla. Así pudimos hacer que varias vecinas aprendan el oficio y puedan encargarse de la cocina mientras yo salgo a gestionar recursos. Es el saber que se pasa de boca en boca”, explica.

Frente al estigma de “no comen porque no quieren trabajar”, responde: “Muchas mujeres tienen cinco hijos y además de trabajar en sus casas en las tareas de sostenimiento de la vida, también trabajan vendiendo lo que sea en ferias, limpiando casas particulares, y a su vez participan de la olla popular para cocinar y llevar alimento a su casa. Es injusto que tengan que escuchar que son vagas o ’planeras’ y que no quieren trabajar. Para las trabajadoras populares es indignante: el trabajo comunitario es nuestra vida y vemos la necesidad diaria en el barrio”.

“El año pasado peleamos por un salario para las cocineras de ollas comunitarias para que nuestro trabajo sea reconocido. Muchos piensan que cobramos programas del estado y no es así. Casi el 40 % de las cocineras no perciben ni siquiera una ayuda del estado y dependen íntegramente del trabajo de autogestión”, explica Mónica.

Al mismo tiempo, Mónica, junto a decenas de compañeras, realizó diversos cursos sobre alimentación, huerta y compost, dictado por organizaciones sociales dedicadas a la soberanía alimentaria (como es el caso de la Unión de Trabajadores de la Tierra), para aprender a nutrir a las comunidades y recuperar recursos. “Nosotras vimos el problema y buscamos soluciones en vez de quedarnos esperando a que el Estado haga algo”, expresa la referente. 

Ollas Comunes: Cómo se organizan las mujeres en Perú para hacer frente a la desigualdad

Abilia Bertha Ramos Alcantara preside la Red distrital de Ollas de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú, desde que se consolidaron las ollas comunes (como se las nombra en Perú) en el marco de la pandemia. “Si bien existen desde hace mucho más tiempo, en 2020 las ollas comunes se consolidaron en una red para que las mujeres podamos atender a cientos de personas en distintos distritos del país”, explica.

En ese entonces, se conformó la Red de Ollas Comunes y la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana. Allí, se organizaron para dar respuesta a cientos de familias. Hoy, tiene presencia en 17 distritos donde se articula el trabajo con distintas organizaciones sociales. En Perú, hay unas 4000 ollas, y en  Lima, se concentran la mitad. Entre todas alimentan unas 350.000 personas. Es decir, un promedio de unas 87 personas alimentadas por olla.

Las ollas comenzaron en casas de vecinas y en los parques. “Se realizan en contextos de precariedad y con mucha dificultad de acceso a agua potable”, cuenta Ramos Alcantara.

Por su parte, Alain Santandreu, presidente ejecutivo de la ONG Ecosad y miembro de la Red, recuerda que las ollas comunes nacieron hace unos 30 años en comedores como respuesta solidaria y autoorganizada a diversas crisis sociales. En ese momento se encontraban solo en la periferia, pero en la actualidad son parte consolidada de la ciudad de Lima.

“Las ollas en Perú tienen una fuerte base política, con una propuesta concreta sobre el derecho a la alimentación y la autogestión de recursos. Por esto, las ollas tienen huertos urbanos y se recuperan alimentos en mercados de abasto o chacras, entre otras alternativas autogestivas”, relata Santandreu.  Abilia también considera que es fundamental poner de relieve la agenda política por el derecho a la alimentación y seguir construyendo soberanía alimentaria.

En relación al rol de las mujeres en las ollas comunes, Abilia analiza: “Las mujeres seguimos asumiendo la responsabilidad del 95 % de las tareas, ya que no solo brindamos alimentos, sino que también, en la red encontramos un espacio de amistad, de familia, donde se puede escapar del machismo y donde se puede cuidar en red a los hijos para poder salir a trabajar. Las mujeres de las ollas populares somos las que hemos sacado a flote a las familias del barrio en pandemia y lo seguimos haciendo”.

En relación a las horas de trabajo invertidas en tareas de cuidado, ella es categórica: “Las mujeres tienen triple trabajo, ya que lo hacen en sus casas con sus hijos y familias, en los trabajos en la calle y en las ollas. A veces tienen que estar unas cinco horas en las ollas, desde que se ingresa a cocinar hasta dejar todo limpio, luego de haber servido todas las raciones”.

En Ecuador, las cocineras comunitarias se sienten abandonadas por el Estado

Carmen Simbaña es referente de una olla popular de la comuna de Santa Clara de San Millán de la ciudad de Quito, Ecuador. “Ante la falta de alimentos y la ausencia del Estado nos organizamos con el barrio para preparar comida una vez por semana, al momento los días sábados, aunque esperamos poder repetir la olla más días ya que es muy necesario”, relata. El alimento se consigue a través de la autogestión de La Poderosa, ya que no reciben ayuda del gobierno.

La necesidad llevó a las mujeres a hacer una olla en el barrio para garantizar el alimento para las familias de escasos recursos, especialmente para personas enfermas, adultos mayores y niños. 

Los sábados, para realizar la olla comienzan a las siete de la mañana y terminan cerca de las tres de la tarde. “A su vez, todos los días, somos quienes cuidamos de nuestras familias y gestionamos las necesidades comunes del barrio. En mi caso, como en el de muchas mujeres, no cuento con trabajo estable. Salimos a vender chocolate en la cooperativa o limpiamos casas y oficinas”, dice Carmen.

Comer no puede ser un privilegio, es un derecho. “El alimento no debería ser un lujo solo para quienes tienen un sueldo elevado. El Estado debería hacerse cargo de las personas de bajos recursos. Por eso creemos que se necesita una olla en cada barrio para poder garantizar el derecho a alimentarnos”, afirma. 

Cuando analiza la actual gestión de gobierno, suspira y dice con tono firme: “Cada vez se siente peor el abandono del gobierno en todos los ámbitos. Lo vivimos en forma de violencia directa y continua contra la mujer, contra las infancias, contra los adultos mayores y contra las personas más carenciadas. Nosotras solo queremos tener lo suficiente y estar en paz para poder garantizar alimento digno para nuestras familias”.