Proyecto de hidrógeno verde sigue paralizado en el Congreso por tiempo indeterminado
La iniciativa contempla un régimen de promoción de 30 años, beneficios impositivos para el hidrógeno verde y libre acceso al mercado cambiario para los titulares de proyectos. De ser aplicado, el paquete de medidas podría diversificar la matriz energética, atraer inversiones verdes y contribuir a la transición energética, en caso de consolidarse un mercado de hidrógeno verde adecuado en paralelo.
Lucía Salvalaggio
marzo 21, 2024

El hidrógeno es un elemento químico sumamente abundante, llegando a constituir alrededor del 75% de la materia del universo. También se trata de un vector energético muy poderoso, esto es, un medio para almacenar, transportar o transferir energía de un lugar a otro. Fundamentalmente, se utiliza como motor de distintas industrias en la producción de vidrio, acero, aceites, alcoholes, entre otros, y en el transporte terrestre, aéreo y marítimo.

Hoy, sin embargo, gran parte del hidrógeno que se utiliza se produce con combustibles fósiles, por lo que ha existido un creciente interés a nivel internacional por impulsar el hidrógeno verde, aquel elemento obtenido de fuentes renovables como la energía solar y eólica.

En mayo de 2023 la entonces secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royón, confirmó el envío al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Promoción de Hidrógeno Verde, Azul y Rosa elaborado junto a la Secretaría de Cambio Climático.

No obstante, a casi un año del envío del proyecto de ley, no se ha registrado avance alguno en la materia. De hecho, el documento original quedó estancado en comisiones junto a otros programas superpuestos de temáticas análogas, por lo que ni siquiera ha comenzado a debatirse en alguna de las cámaras legislativas.

“La presidencia anterior nunca tuvo la voluntad política de tratar el tema. El envío al Congreso del proyecto del Poder Ejecutivo tampoco fue acompañado de la voluntad política de tratarlo. 2023 fue, además, un largo año electoral, con desdoblamiento de elecciones provinciales y una elección presidencial”, explica la especialista en derecho ambiental, Carina Quispe.

A ello se añade la llegada al gobierno de un presidente negacionista del cambio climático que afirma que “el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo”. La figura de Javier Milei y su cercanía a los capitales petroleros levanta sospechas sobre la voluntad política de impulsar iniciativas que desafíen el statu quo energético dominado por los combustibles fósiles.

Dada la convulsión política que atraviesa el Congreso argentino, Quispe y otros referentes del sector juzgan improbable que el proyecto sea tratado a corto o mediano plazo.

La iniciativa de la ex secretaria de Energía se enmarca en un esfuerzo mayor del país por invertir en la industria del hidrógeno. En este sentido, cabe destacar el financiamiento público de electrolizadores para la creación de hidrógeno verde y para comisiones de investigación, así como también la publicación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno (ENDEH), una herramienta de política pública que traza líneas de acción y metas a 2050 para generar certidumbre en el desarrollo de este vector.

De acuerdo a la ENDEH, se espera que en menos de 30 años Argentina sea capaz de producir más de cinco toneladas anuales de hidrógeno cero emisiones. De esta cifra, el 20% será absorbido por el mercado local, tanto para la descarbonización de los usos actuales del hidrógeno (industrias del acero, petroquímica y refino) como para atender los nuevos usos (principalmente combustibles sintéticos), mientras que el 80% restante se destinará a exportaciones.

El nuevo proyecto de promoción del hidrógeno busca actualizar la vencida Ley N° 26123, promulgada en 2006. La normativa precedente no solo no hacía mención al hidrógeno verde, sino que, además, ponía a disposición de la sociedad civil beneficios económicos para la producción de hidrógeno fósil.

El potencial del hidrógeno

Para poder aprovechar su capacidad energética, el hidrógeno debe ser separado de otras moléculas a las que se encuentra unida en su estado natural, como el oxígeno o el carbono. Dependiendo de la fuente de energía utilizada en este procedimiento se le asigna un color al producto final.

De esta forma, se habla de hidrógeno negro si éste se obtiene quemando carbón, gris si aplica gas natural, rosa si incorpora al proceso energía nuclear y verde si se produce enteramente a base de fuentes renovables. Además, a diferencia del hidrógeno gris, el azul compensa las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producto de la utilización de gas natural con la tecnología de captura de carbono.

Hoy en día, alrededor del 98% del hidrógeno se produce a base de combustibles fósiles. Sin embargo, en el transcurso de la última década, el hidrógeno verde fue aumentando sustantivamente su protagonismo en la agenda global.

Tal fenómeno se explica por el potencial ambiental de este compuesto que, al producir cero emisiones de dióxido de carbono, se postula como elemento clave para la transición energética, proceso por el cual una sociedad reduce su dependencia de los combustibles fósiles -como el petróleo o el gas- e incrementa el uso de fuentes de energía más limpias, renovables y eficientes.

En 2015, Argentina fue uno de los 196 países que se suscribieron al Acuerdo de París, por medio del cual las partes se comprometían a alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050.

Según fuentes oficiales del 2019, en Argentina más de un 50% de las emisiones totales de GEI provienen del sector energético. Por este motivo, el hidrógeno bajo en emisiones se presenta como un factor clave de la estrategia de cambio dado su potencial como vector energético y como insumo para procesos industriales, en particular por su capacidad de penetración en procesos y sectores difíciles de descarbonizar.

Tomando esto en consideración, el proyecto de hidrógeno verde busca desincentivar la industria de hidrógeno negro y gris a través de la implementación del llamado “Régimen de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones de Carbono y otros GEI”, que introduce beneficios fiscales diferenciales a las inversiones en desarrollo, tecnología y comercialización de productos de esta índole.

El paquete de medidas, pensado para un plazo de 30 años desde su entrada en vigor, prevé como garantía de su impacto ambiental positivo la exigencia de certificaciones de calidad, seguridad y origen, el monitoreo de los estándares de emisiones de GEI de las obras beneficiarias para la fase de producción, transporte y almacenamiento, y la creación de instituciones que tomen a su cargo la supervisión de tales tareas.

En este sentido, América Latina y el Caribe emerge como una región ideal para llevar adelante inversiones en este campo, dado que sus condiciones geográficas adecuadas para la gestación de fuentes de energía renovable, tales como los vientos constantes y la radiación solar, devienen en costos de producción altamente competitivos.

Al tratarse de una industria incipiente, a pesar de su alto potencial, aún resulta poco rentable para los privados invertir en ella. Por este motivo, cada vez son más las empresas europeas que inyectan activos en el continente, priorizando aquellos países que ofrecen incentivos a la inversión, como es el caso de Chile y de Brasil.

“Un marco legal específico para el desarrollo del hidrógeno verde a escala comercial en el país, podría ser uno de los factores decisivos para un potencial financiamiento del Banco de Desarrollo de Alemania”, expresó Fernando Brun, embajador argentino en Alemania, a través de sus redes sociales, ante el anuncio del envío del documento al Congreso.

Incentivos económicos

El sistema de promoción gubernamental prevé un tratamiento impositivo diferencial de acuerdo al nivel de contaminación de cada proyecto de inversión, otorgándole así mayores bonificaciones al hidrógeno verde.

Dentro de los beneficios impositivos previstos destacan la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) y el establecimiento de un régimen de estabilidad fiscal de tres décadas de duración.

En esta categoría también se incluyen la extensión del plazo para computar los quebrantos, la exención de tributos sobre la distribución de dividendos y utilidades, y la reducción de la carga financiera sobre los pasivos de las empresas implicadas.

En cuanto a las implicancias para el comercio internacional, la normativa propone la exoneración de la obligación de pagar impuestos asociados a la importación de bienes de capital, repuestos e insumos necesarios para el proceso productivo, tales como tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de estadística y comprobación.

Adicionalmente, el documento fija cargas tributarias a la exportación relativamente bajas, previendo ir aumentando las mismas a medida que la industria se vaya desarrollando.

Así, los derechos a la exportación registrados desde la entrada en vigor de la ley hasta el décimo año inclusive estarán fijados en un 0% para el hidrógeno verde y rosa, y en un 1,5% para el azul. Estos porcentajes se incrementarán de forma gradual hasta alcanzar la alícuota final del 3% y el 4,5%, respectivamente, desde el vigésimo primer año de vigencia de la normativa  hasta su vencimiento.

Al respecto, distintos actores interesados en promover el hidrógeno verde nucleados en la agrupación Plataforma H2 Argentina manifestaron su descontento, argumentando que “todo sobrecosto innecesario nos coloca fuera del mercado internacional”, y exigieron que se considere no incluir ningún tipo de gravamen al egreso de productos energéticos de este tipo.

En otro orden de ideas, de ser aprobada la legislación, las centrales productoras de hidrógeno bajo en emisiones podrán acceder libremente al mercado de cambios, beneficio que se extendería hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones.

Debido a su naturaleza incipiente y su consecuente falta de rentabilidad a corto plazo, la industria del hidrógeno requiere de incentivos económicos de esta índole para compensar el costo de la inversión.

Nuevas estructuras gubernamentales

Los artículos 16, 17, 20, 23 y 46 de la normativa proponen reformar y actualizar la infraestructura institucional abocada al desarrollo del hidrógeno en el país.

De ser aprobada, se establecería la Agencia Nacional del Hidrógeno (AgenHidro) bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta tendría la función de asesorar en materia técnica y regulatoria a la Secretaría de Energía de la Nación y de elaborar un Plan Nacional de la Economía del Hidrógeno para la Transición Energética.

Asimismo, la legislación encomienda la creación del Fondo de Afectación Específica al Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), abocado a financiar proyectos de fabricación de equipamiento y proveedores de bienes y/o servicios de alto contenido tecnológico de la cadena de valor del hidrógeno. El mismo sería financiado por los mismos beneficiarios del régimen, quienes deberán pagar un aporte obligatorio equivalente al 0,5% del monto total de la inversión declarada.

Por último, la implementación de la Ley dará lugar a la institución del Consejo Federal del Hidrógeno, un foro de asesoramiento, diálogo y coordinación sinérgico entre diferentes actores en torno al diseño y la ejecución de políticas públicas en el área. Este órgano estará integrado por AgenHidro, representantes de los intereses de las provincias y referentes del claustro académico.

Cabe destacar que desde la agrupación Plataforma H2 Argentina consideran que “no resulta necesaria la creación de nuevas agencias o estructuras gubernamentales” y que “la dispersión de funciones e instancias de decisión no es recomendable para la óptima implementación de la futura ley”.

El lado “B” del hidrógeno verde

Según la Agencia Internacional de Energía, 830 millones de toneladas de dióxido de carbono al año genera la producción de hidrógeno gris y negro, lo que equivale a la suma de lo que contamina Indonesia y Reino Unido juntos. En la actualidad, solo un 2% de hidrógeno total no generó emisiones de GEI, por lo que incrementando las proporciones de consumo de hidrógeno verde, rosa y azul podrían lograrse grandes avances en materia de descarbonización.

No obstante, más allá de la lucha contra el calentamiento global, existen otras problemáticas de agenda que se podrían ver acentuadas como efecto directo o indirecto al desarrollo de este recurso energético.

La electrólisis, proceso por medio del cual las moléculas de hidrógeno son separadas de las moléculas de oxígeno que se encuentran unidas en el agua, requiere nueve toneladas de agua como media para poner a disposición una tonelada de hidrógeno, según Juan Rodríguez, especialista en transición energética. Además, el proceso de purificación del medio acuático resulta en un significativo consumo de agua. En un contexto de crisis hídrica y desertificación, este resulta un efecto colateral a tomar en consideración en los lugares donde se desarrollen proyectos de hidrógeno verde.

Por otra parte, según el Banco Mundial, para producir un millón de toneladas de este compuesto se necesitan 10 gigavatios de electrolizadores, 20 gigavatios de energía renovable y una inversión equivalente a 30 mil millones de dólares. Esto se traduce en que, solo para reemplazar el hidrógeno gris por el verde, habría que incorporar a la producción de este recurso energético toda la energía solar y eólica instalada en el mundo.

Consecuentemente, el mayor número de granjas de renovables para abastecer proyectos de H2 a gran escala podría llevar a la conversión de los hábitats naturales en los que estas plantas se instalan, repercutiendo en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria que depende de tales territorios.

 

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina