El 27 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei envió un descomunal paquete de medidas para ser tratadas en sesiones extraordinarias del Congreso. El proyecto, bajo el título “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, es conocido como “Ley Ómnibus”, ya que comprende más de 600 artículos que complementan y amplían el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), también enviado al Congreso. La principal diferencia entre ambos es que el DNU entró en vigencia el 29 de diciembre (a excepción del capítulo laboral), al no ser rechazado por ambas cámaras. En tanto, la Ley Ómnibus logró dictamen de comisiones en la madrugada del 24 de enero (horas antes del primer Paro Nacional) y se discutirá en el recinto de Diputados en los siguientes días.

El proyecto, que tuvo algunas modificaciones en su redacción original para ser aprobado en el plenario de Comisiones, propone modificaciones a Códigos y leyes que fueron debatidos durante años, reconociendo demandas históricas de amplios sectores de la sociedad.

Diversas organizaciones se manifestaron sobre los distintos puntos del proyecto, en su mayoría rechazando tanto su contenido como el formato.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto a otras 22 organizaciones, advirtieron que: “no es posible asegurar un debate parlamentario informado y robusto ni analizar en profundidad los impactos de estas modificaciones normativas en los tiempos propuestos por el Poder Ejecutivo”.

Si bien algunas entidades pudieron exponer sus visiones frente a los legisladores, cada una contó con solo cinco minutos para hacerlo, y -al limitarse la convocatoria a tres días- muchas quedaron fuera del debate. Además, no se previeron instancias para preguntas.

La ACIJ y otras organizaciones (entre las que se cuentan el CELS, Jóvenes por el Clima y FARN) señalan que “algunas de las reformas comprendidas en el proyecto resultan violatorias de derechos humanos reconocidos en tratados con jerarquía constitucional” y solicitan al Congreso que continúe en sesiones ordinarias el tratamiento de la Ley Ómnibus y convoque a audiencias públicas, señalando que, aunque las sesiones extraordinarias se hayan prorrogado hasta el 15 de febrero, dicho plazo sigue siendo insuficiente”.

En el mismo sentido, más de 260 organizaciones, emprendedores sociales y profesionales que trabajan con sectores vulnerables firmaron una petición solicitando al Congreso que rechace tanto el DNU como la Ley Ómnibus.

A modo de ejemplo, señalaron que  la ley 12.569 de Protección contra la Violencia Familiar llevó dos años desde su presentación y debate parlamentario hasta lograr los consensos para su posterior sanción.

En tanto, desde el CIPEC, su directora ejecutiva Gala Díaz Langou señaló que están a favor de la implementación del sistema de “boleta única en papel”, propuesto dentro de la Ley Ómnibus, y propuso mejorar las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) en lugar de eliminarlas. Asimismo, enumeró algunas sugerencias para transparentar el financiamiento de las campañas electorales y partidos políticos.

Ambiente en jaque

Más de cien organizaciones ambientales (entre las que se cuentan Fundación Vida Silvestre, Aves Argentinas, FARN, la Asociación de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima entre muchas otras) hicieron una presentación ante la Cámara de Diputados pidiendo que no se incorporen las modificaciones propuestas en el capítulo ambiental del nuevo proyecto de Ley Ómnibus.

“Las leyes ambientales que pretenden modificarse no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en este paquete de reformas”, advirtieron las ONG firmantes de la presentación.

En el caso de la Ley 26.562 de Control de Actividades de Quema, se mantiene la modificación al Artículo 3, otorgando una autorización tácita a las actividades de quema ante el silencio de las autoridades, extendiendo el plazo de 30 a 90 días para obtener dicha autorización. De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva y autoriza de manera tácita a avanzar con quemas.

En la Ley 26.331 de protección de bosques nativos, elimina las partidas presupuestarias fijas (0,3% del presupuesto nacional y 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios).

En cuanto a la Ley 26.639 de protección de glaciares, las modificaciones propuestas adolecen de fallas técnicas, y restringen la protección a glaciares incluidos en el Inventario Nacional, aunque éste es incompleto.

En relación a la Ley de Pesca, si bien las modificaciones realizadas son importantes, no apunta a la conservación del recurso.

«Los cambios de las leyes ambientales en la Ley Ómnibus, representan una regresión inadmisible en avances previamente consensuados por la sociedad » destacó Hernán Casañas, Director Ejecutivo de Aves Argentinas.

Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, sostuvo que “en momentos en que la Crisis Climática se ubica entre los principales riesgos globales, votar un proyecto que flexibiliza las Quemas, los desmontes y desprotege a los glaciares, equivale a una traición a la patria”.

Andrés Nápoli, director de FARN, señaló: “bajo el pretexto de la emergencia, la libertad, el fomento a la iniciativa privada, la industria y el comercio, la Ley Ómnibus pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos para beneficiar económicamente a sectores extractivos, en detrimento de que la población acceda a la energía, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano”.

Libertad empresarial

Patricio Gigli, Director Ejecutivo de ASEA, sostuvo: «Nuestro país vive una situación social crítica hace décadas. 60% de niños pobres en la Argentina son motivo suficiente para cambiar todo. Por eso desde ASEA apoyamos el espíritu de reforma del decreto y de la ley y creemos que algunos puntos, como el laboral, son clave para los emprendedores cuando están arrancando. Estamos convencidos de que los cambios generarán un sector privado más diverso y pujante y oportunidades de empleo”.  Y dijo: “Tenemos la misma cantidad de empresas que hace 15 años y están concentradas en cinco provincias”. Desde ASEA proponen “una ley que permita crear empresas en forma simplificada y que la presión tributaria sea progresiva”.

En tanto, Marina Arias, de Sistema B, hizo hincapié en la importancia de promover a las empresas de triple impacto para el desarrollo económico sostenible del país. Destacó que Sistema B es parte de un movimiento global que tiene más de 200 empresas certificadas en el país, más de 1.000 en Latinoamérica y más de 8.000 en el mundo que buscan mejorar su impacto social y ambiental, mientras que más de 350.000 empresas utilizan las herramientas del movimiento B para lograrlo.

Arias se refirió a la reforma laboral (propuesta en el DNU y frenada en la justicia) y señaló que “muchas de las actuales normas traban el desarrollo de las empresas y las personas. El mercado laboral cambió y es momento de crear nuevos acuerdos”, sostuvo.

También se refirió a los cambios en materia ambiental y señaló que “las leyes ambientales son necesarias para fortalecer el desarrollo sostenible e impulsar a las empresas sustentables y regenerativas. En lugar de eliminarlas deberíamos trabajar para mejorarlas y que se cumplan”, sostuvo. Y recordó que la ley de empresas BIC (beneficio e interés comunitario) aguarda su tratamiento en el Congreso. “Este tipo de empresas tienen más oportunidades de desarrollo exportador, ya que en el mundo existen regulaciones que las promueven. Cuidar el ambiente es buen negocio”, concluyó.

Salud precarizada

En relación a la salud, Leandro Cahn, director de la Fundación Huésped, sostuvo: “La fragmentación del sistema, entre Nación, cada provincia y municipio, y entre el sistema público, Obras Sociales, sindicales, provinciales, el PAMI y prepagas, hace que muchas personas no accedan, mientras que otras tienen doble y triple cobertura.

No es lo mismo una mirada integral de la salud, que otra fragmentada, más costosa e ineficiente. También hace falta una jerarquización de los profesionales que trabajamos en estas áreas de cuidado” Y se preguntó:  “¿Cuál de estos problemas resuelve esta ley y el DNU? Ninguno. Por el contrario, los agrava». Concluyó: «Que el apuro no nos lleve a destruir en un instante, lo que nos llevó generaciones construir».

En tanto, la Red de Investigadores e Investigadoras en Salud (RAIIS) elaboró un extenso informe en el que analizó los impactos del DNU y la Ley Ómnibus en el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales. Ambas iniciativas “ponen en riesgo la

existencia de tratamientos  y la disponibilidad a bajo costo de principios activos para el desarrollo de nuevos fármacos, especialmente los destinados a enfermedades prevalentes de la región. También pone en riesgo la elaboración de insumos para tratamientos de enfermedades poco frecuentes o raras, que no concitan el interés de las farmacéuticas privadas. Asimismo, la eliminación de los laboratorios públicos de especialidades medicinales impide velar por precios accesibles e incidir en la regulación del mercado de la industria farmacéutica.

Sin techo, cloacas ni comida

Una de las exposiciones más conmovedoras fue la de Juan Maquieyra, de Fundación Techo. “Acá se habla de la libertad, pero sin techo, sin agua y sin cloacas no se puede ser libre. En esta Argentina en crisis, el esfuerzo y la solidaridad de los vecinos de barrios populares no se rompió, y hubo una política que permitió a más de 250.000 mujeres jefas de hogar hacer una pieza más en sus casas, para que los adultos no duerman con los niños. Esa política generó 187.000 puestos de trabajo, construyó miles de viviendas y cientos de kilómetros de infraestructura, recibiendo inversión estatal y privada; fue evaluada por la UCA, el BID y el CIPEC, entre otras organizaciones. Pedimos que el Fideicomiso de Integración Social y Urbana de la Argentina no sea desfinanciado. Esa financiación se obtiene del 8% del Impuesto País”, remarcó.

En tanto, Santiago Ramos, de la Red de Bancos de Alimentos, señaló que “las organizaciones de la sociedad civil contribuyen con más de U$ 16.000 millones de dólares a la economía nacional, lo que representa un valor cercano al 4 % del PBI de Argentina, empleando a unas 651.000 personas y contando con más de 1.720.000 voluntarios activos”.

Ramos remarcó que “hay una ausencia de leyes que encuadren el funcionamiento de las asociaciones civiles y otras organizaciones de la sociedad civil (OSC)”, y ejemplificó: “en Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo por día, y existen regulaciones que impulsan que eso suceda”. Finalmente, enumeró algunas propuestas para resolver la problemática: una Ley de Regulación de las Relaciones laborales en las OSC que cumplen actividades Socio-comunitarias; un Estatuto del trabajador socio comunitario, así como mejoras en los sistemas administrativo/ legal; facilidades para la constitución y la gestión de estas entidades, así como un Régimen impositivo y de promoción fiscal adecuados.

Los derechos de las mujeres y diversidades

Desde la ONG Grow Género y Empleo, Carolina Gaber, responsable de relaciones institucionales, señaló que “aunque son instrumentos diferentes, tanto el DNU como la Ley Ómnibus impactan en las mujeres y diversidades, generando una mayor precarización de su trabajo y una feminización de la pobreza”.

“Todas las medidas que perjudican a los trabajadores en general, tienen un impacto mayor en los sectores más vulnerables”, apuntó y advirtió que “un estado desregulado no asegura los derechos de los ciudadanos”.

El DNU incorpora el concepto de “importancia transcendental” en “actividades esenciales”, como los servicios de salud y de cuidados, que están feminizados y quedan muy restringidos en su derecho a huelga. Además se elimina la penalidad por la no registración de empleadas de casas particulares, se flexibiliza la indemnización y no se promueve ningún incentivo para mejorar su situación laboral.

Del mismo modo (aunque el capítulo laboral del DNU no está en vigencia por un recurso de amparo interpuesto por la CGT), permite a los empleadores establecer regímenes de horarios sin pagar horas extras, lo que perjudica especialmente a las mujeres y colectivos LGTByQ, que generalmente tienen a cargo tareas de cuidados extralaborales, perdiendo la previsibilidad y regularidad de las jornadas.