¡Hola! El acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda adecuada es fundamental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, se ha convertido en una de las problemáticas más complejas de nuestro país.
Cómo se vincula la crisis habitacional en la Argentina con el acceso al trabajo
Uno de cada tres hogares de Argentina no cuenta con una vivienda adecuada. Esto quiere decir que 1,3 millones de hogares necesitan una vivienda nueva y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y mejoras. Estos datos surgen del informe “Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda”, realizado por las organizaciones TECHO, CIPPEC y ACIJ. En el documento se presenta un diagnóstico de las principales problemáticas habitacionales en Argentina, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, y un conjunto de recomendaciones para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina de cara a los próximos 40 años de democracia.
Otro dato que da cuenta de la crisis habitacional en el país es que 1,17 millones de familias viven en 5.687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional. Más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos, como la luz, el agua corriente y las cloacas ni cuenta con títulos de propiedad del suelo.
El tercer dato relevante tiene que ver con el alquiler. Más de dos millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda. Entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares inquilinos pasó del 16% al 20% a nivel nacional. En el AMBA, el 32% de ellos destina más de la mitad de su salario al alquiler y el 60% de quienes alquilan asume aumentos por fuera de la ley de alquileres.
Estos alarmantes datos llevan a reflexionar sobre el impacto directo que tiene la falta de acceso a una vivienda digna en el acceso a oportunidades laborales. En distintas entrevistas he escuchado a jóvenes que residen en villas de Buenos Aires explicar que un obstáculo que encuentran a la hora de buscar trabajo es poner una dirección en su CV. Cuando llegan a la entrevista muchas veces deben mencionar una dirección que no corresponde con su vivienda para evitar sesgos de los entrevistadores.
De acuerdo con Lucía Groos, directora del Centro de Investigación Social de TECHO-Argentina hay un impacto directo y otro indirecto. “El primero tiene que ver con que la vivienda en los barrios populares muchas veces es el espacio de trabajo. Allí algunos venden ropa, comida o productos. Al contar con una vivienda apropiada, pueden desarrollar mejor su unidad productiva”, explica Groos.
Respecto al impacto indirecto, ella dice: “La crisis habitacional perjudica la calidad de vida de las personas. Las condiciones en las que uno vive tienen un efecto en la calidad del trabajo. Si una persona sufre inundaciones en su barrio, probablemente tendrá que ausentarse los días que llueva”.
Catalina Marino, politóloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) agrega: “Si uno tiene que dedicar tiempo a conseguir agua o teme ser desalojado, es más probable que el acceso al trabajo se vea perjudicado”.
Además, los barrios populares suelen estar alejados de los espacios de trabajo. La distancia puede afectar la cantidad de tiempo que las personas dedican a los desplazamientos diarios. De esa forma, se puede aumentar la fatiga y el estrés, lo que puede influir en el rendimiento laboral.
Al mismo tiempo, los desplazamientos largos pueden llevar a mayores gastos en transporte. Esto puede disminuir el margen de ingresos disponibles para otros gastos esenciales, como vivienda, alimentación y educación.
Con la pandemia se vio como la disponibilidad de un espacio adecuado en el hogar es esencial para el trabajo remoto (home office). Las personas que no tienen viviendas con suficiente espacio pueden tener dificultades para adaptarse a esta forma de trabajo.
Recomendaciones para impulsar el acceso al hábitat y a la vivienda en Argentina
Desde CIPPEC, TECHO y ACIJ presentan cinco recomendaciones de política pública, que consideran fundamentales para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina:
Promover la sanción de normativa de ordenamiento territorial a nivel nacional, provincial y municipal mediante el fortalecimiento del actual Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial. Para ello, se propone: promover la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos sobre ordenamiento territorial; elaborar manuales de legislación modelo y fortalecer la capacitación y la asistencia técnica y financiera a provincias y municipios para que elaboren sus planes de ordenamiento territorial; e incorporar mecanismos de participación ciudadana en este proceso. La sanción de normativa en esta materia permitirá alcanzar ciudades más compactas, inclusivas y sostenibles.
Avanzar en una política integral de mejoramiento de viviendas que, a partir de un plan de ordenamiento territorial, articule los mejoramientos con obras de infraestructura y de integración socio urbana. La propuesta también contempla la asistencia financiera a hogares, mediante subsidios y créditos para materiales y mano de obra, y la asistencia técnica y social para corroborar la necesidad de refacción y/o ampliación, garantizar que sea viable y brindar acompañamiento a los hogares.
Promover una política nacional e integral de alquileres, que aborde la problemática del mercado de vivienda, y de alquiler en particular, a través de diversas herramientas de forma simultánea e interjurisdiccional. El Estado debe involucrarse de forma directa, con regulaciones y acciones que orienten el desarrollo inmobiliario privado hacia la necesidad de vivienda asequible. Entre dichas regulaciones y acciones, la propuesta incluye herramientas de movilización de suelo urbano ocioso (viviendas vacías y baldíos) hacia la oferta pública o privada de alquileres asequibles, la regulación de alquileres temporarios para que afecten lo menos posible la oferta de alquileres a largo plazo y subsidios para alquilar destinado a las personas de mayor vulnerabilidad social.
Desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento contemplados en el Fondo de Integración Socio Urbana -destinado a proyectos de integración socio urbana y creación de lotes con servicios-; fortalecer la planificación, coordinación y el abordaje integral de la gestión estatal, creando un organismo responsable de la coordinación interjurisdiccional y, a nivel local, trabajando de manera conjunta entre municipios para la planificación territorial; y garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información como un mecanismo de transparencia.
Incorporar soluciones habitacionales temporales como respuesta a eventos adversos en barrios populares. Si bien se plantea una política de alcance nacional, la implementación corresponderá a municipios. La recomendación promueve la participación de personas, grupos o comunidades involucradas en contexto de emergencia, para garantizar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en cada etapa del proceso.
Tres preguntas a Javier García Moritán, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)
García Moritán representó al GDFE en la conferencia anual del United Philanthropy Forum en Nueva York, donde se reunieron más de 400 líderes de la filantropía de los Estados Unidos.
¿Qué aspectos novedosos se vieron en la conferencia?
Vi muchas cosas disruptivas. Me di cuenta de que no siempre las organizaciones filantrópicas, que aportan al desarrollo desde el sector privado, tienen en cuenta a la actividad económica en su conjunto. Para mí, fue fuerte constatar los límites de actuación tan marcados que existen entre esos ámbitos. Más que enriquecerse mutuamente, termina siendo uno depositario del otro. Me refiero a un sistema que puede tener las mejores intenciones y el mayor de los profesionalismos, pero que no puede operar más que desde el margen. Ahora bien, en ese mismo contexto me impactó conocer el trabajo de Darren Walker, presidente de la Fundación Ford. Walker, que administra uno de los cinco patrimonios filantrópicos más grandes del mundo, viene diciendo esto hace tiempo y en voz alta. Para mí, que uno de los referentes más representativos del sistema ofrezca pautas para hacer más eficaz y más justa la inversión social, ofrece una esperanza e inspira para nuestra tarea en Argentina también.
¿Cuáles son los límites de la filantropía?
Se estima que la filantropía moviliza anualmente la impactante cifra global de 46 mil millones de dólares. Sin embargo, es crucial contextualizar esta cantidad dentro de la actividad económico-financiera mundial, donde representa apenas un 0,2%. Conocer estos datos nos invita a reflexionar sobre esta realidad y a buscar voces conscientes de la misma. El mismo Walker postula la necesidad de ir “de la generosidad a la justicia”, expresando la importancia de trascender la cultura de la donación en favor de una promoción más eficaz de la dignidad humana. Asimismo, refuerza la idea de que son necesarios filántropos que den recursos a pequeños proyectos y programas sociales, pero también necesitamos filántropos dispuestos a transformar al sistema y a desafiar el statu quo, que estén dispuestos a incomodarse porque esa es la diferencia entre caridad y justicia, entre generosidad y dignidad.
¿Cómo se puede involucrar el corazón mismo de la actividad económica para que sea más contributiva y aporte un valor genuino a la sociedad en su conjunto?
Yo creo que los Incentivos de Bien Público (IBP), que venimos impulsando desde GDFE y junto al Laboratorio Público-Privado, presentan una alternativa frente al voluntarismo. Estos incentivos permiten materializar la alineación de esfuerzos en torno a una causa o misión esencial en el territorio. No contemplan sólo la acción filantrópica de empresas sino también sus preocupaciones e intereses comerciales. Buscamos con esta mirada, encontrar la intersección más genuina entre la política pública, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y el aporte de valor del sector privado. A mi modo de ver, los IBP constituyen una propuesta para superar el “individualismo como método” o el paradigma del “granito de arena”, donde cada uno piensa su contribución desde sí mismo. En su lugar, es menester enfocarnos en la necesidad del territorio y promover una verdadera “acción colectiva”. Además de la experiencia en ciudades argentinas que venimos acompañando con el Laboratorio, cada vez se genera más coincidencia regional con entidades hermanas como el GIFE de Brasil o la red de filantropía global WINGS, de volver “la mirada al territorio”. Es decir, no descuidar a nuestras comunidades cuando interpretamos estándares internacionales, como los criterios ESG, por ejemplo, que pueden reducir el significado de lo “social” en nuestros contextos a esferas internas del ámbito corporativo, como los asuntos de género y diversidad. Todas las agendas de la sostenibilidad son importantes. Creo que la primera, debe ser nuestro entorno y la red de instituciones claves que lo conformamos, pues el fortalecimiento y participación institucional es la garantía social para una convivencia democrática e inclusiva.
El consumo online de productos con impacto positivo creció 20% el último año dentro de Mercado Libre en Argentina
En Latinoamérica se alcanzó la cifra de 57 mil emprendedores y marcas vendiendo este tipo de artículos, de los cuales el 28% opera en este país. Se vendieron 1,3 millones de productos sustentables el último año en Argentina, donde el número de compradores creció un 13%. Estos datos provienen de la edición 2023 del estudio “Tendencias de consumo onlinecon impacto positivo” de Mercado Libre.
Al igual que el año pasado, en todos los países el término más buscado fue “bicicleta”. Las bicicletas, asimismo, estuvieron en el top 5 de artículos con impacto positivo más vendidos a nivel nacional, junto a las botellas reutilizables, los purificadores de agua, las salsas y aderezos veganos, y los lavarropas con eficiencia A o +. El producto que más creció en ventas en el país fue la yerba orgánica, con un incremento del 50% respecto al año previo.
Un grupo de jóvenes de Montana gana un juicio histórico sobre el clima
Dieciséis jóvenes de Montana que demandaron a su estado por el cambio climático salieron victoriosos el 14 de agosto de 2023 de un juicio climático pionero en su género. El caso, Held contra el Estado de Montana, se basaba en alegaciones de que las políticas energéticas estatales violaban el derecho constitucional de los jóvenes demandantes a “un medio ambiente limpio y saludable”, un derecho consagrado en la Constitución de Montana desde la década de 1970. Los demandantes alegaron que las leyes estatales que promueven la extracción de combustibles fósiles y prohíben tener en cuenta el impacto climático durante la revisión ambiental violan su derecho constitucional al medio ambiente.
Lee la nota de The conversation aca.
Para tomar nota
Inscripción al Taller Quiero Ser B online. El taller es el martes 29 de agosto de 11 a 12.30hs (hora Argentina) por Zoom. La propuesta permite conocer más acerca de Sistema B, entender qué son las Empresas B y el proceso de certificación, propuestas de formación a personas y conocer otras iniciativas de valor de Sistema B Argentina. Anotate acá.
Hasta aquí llegamos hoy. Los leo en [email protected]
Hasta el martes,
Flor.